Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Con 34 votos a favor y uno en contra, el Congreso del Estado aprobó un dictamen de reforma constitucional que contempla la reducción del número de regidores en los ayuntamientos, medidas de austeridad para el Poder Legislativo y nuevas disposiciones en materia electoral, como la nulidad de elecciones por intervención extranjera y criterios de integridad para candidaturas.
La iniciativa forma parte de la armonización local con el llamado “Plan B” electoral aprobado a nivel federal y busca, según sus promotores, disminuir el gasto público, reducir privilegios de servidores públicos y establecer límites presupuestales al Congreso del Estado.
El único voto en contra fue emitido por el diputado priista Gaspar Quintal Parra, quien advirtió que la reforma podría generar una concentración del poder político en los cabildos al reducir los espacios de representación para las minorías.
Durante la discusión, Quintal Parra señaló que la disminución de regidurías afectaría principalmente a los espacios de representación proporcional. Como ejemplo, explicó que ayuntamientos que actualmente cuentan con 11 regidores pasarían a tener nueve, lo que limitaría la presencia de fuerzas políticas de oposición en los cabildos.
“El PRI es una oposición renovada y técnica y no respaldará un retroceso disfrazado de ahorro económico”, sostuvo el legislador, al argumentar que las instituciones democráticas no deben verse como una carga presupuestal susceptible de recortes.
El dirigente estatal priista también alertó que la reducción de cargos de elección popular podría dificultar la integración paritaria de los órganos de gobierno municipal y afectar la aplicación de acciones afirmativas para grupos históricamente vulnerables.
“La democracia se fortalece con contrapesos, pluralidad y deliberación; se debilita cuando las decisiones se construyen desde la improvisación o desde mayorías aplastantes”, expresó.
Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Larissa Acosta Escalante, respaldó el dictamen, aunque manifestó reservas sobre la forma en que fue discutida la reforma a nivel federal.
“Sí queremos austeridad, pero queremos austeridad que se note en la vida de la gente. Que si se reduce el gasto en cabildos, se vea en calles mejor atendidas; que si se ponen topes salariales, se vean mejores servicios públicos”, afirmó desde la tribuna.
La legisladora también advirtió que la austeridad sin transparencia puede convertirse en simulación y que cualquier ahorro generado debe traducirse en beneficios tangibles para la ciudadanía.
El dictamen aprobado contempla modificaciones relacionadas con la integración de los ayuntamientos, la fijación de límites al presupuesto anual del Poder Legislativo, criterios de austeridad presupuestal y adecuaciones en materia de conformación de cabildos. La reforma deberá continuar el proceso legislativo correspondiente para su entrada en vigor. (Noticaribe)
