Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) reconoció que en la entidad persisten casos de tortura documentados a través de denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas y diversos mecanismos de observación, al tiempo que reiteró que su prevención y erradicación constituyen una responsabilidad ineludible del Estado.
En el marco del Día Internacionjal de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, que se conmemora el próximo 26 de junio, el organismo se sumó a la campaña nacional “México sin Tortura” 2026, impulsada por la Secretaría de Gobernación.
A través de un posicionamiento público, la Codhey advirtió que negar o invisibilizar la existencia de la tortura únicamente profundiza los daños causados a las víctimas y obstaculiza el acceso a la justicia.
“Reconocer su existencia constituye el primer paso para prevenirlo, investigarlo y sancionarlo”, señaló la comisión.
El organismo recordó que la tortura es una de las violaciones más graves a los derechos humanos y se encuentra prohibida de manera absoluta por la Constitución mexicana, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y diversos tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano.
Asimismo, explicó que estas prácticas no se limitan a agresiones físicas visibles, sino que también incluyen amenazas, intimidaciones, humillaciones, violencia psicológica, aislamiento prolongado y condiciones indignas de detención.
La Codhey advirtió que una sociedad que tolera la tortura pone en riesgo los derechos y libertades de todas las personas, además de debilitar las instituciones democráticas y erosionar la confianza ciudadana.
Como parte de la campaña nacional “México sin Tortura”, la comisión participó el pasado 22 de junio en el lanzamiento oficial de la estrategia encabezada por la Secretaría de Gobernación, la cual busca fortalecer las acciones de prevención, capacitación y sensibilización en todo el país.
La encargada del Programa de Derechos Humanos y Seguridad Pública de la Codhey, Minerva Benítez Castillo, destacó que la tortura es un delito que vulnera simultáneamente diversos derechos fundamentales, como la integridad personal, la libertad y la dignidad humana.
Entre las acciones desarrolladas en Yucatán, la comisión impartió capacitación a elementos de policía preventiva de 12 municipios y realizó actividades de sensibilización con estudiantes de nivel medio superior en el puerto de Progreso.
Finalmente, la Codhey llamó a las autoridades de todos los niveles de gobierno a actuar con estricto apego a los derechos humanos y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que pueda constituir tortura o violencia institucional a través de los canales oficiales de atención. (Noticaribe)
