Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— Organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente presentaron un Amicus Curiae ante el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito para solicitar que se garantice el acceso a la justicia ambiental en el caso de la granja avícola “Akutzá”, propiedad de Bachoco, ubicada en el municipio de Peto.
El documento fue entregado en el marco del recurso de revisión 47/2025, promovido por ejidos del Sistema Lagunar de Chichankanab, quienes buscan que el Poder Judicial analice de fondo la autorización, construcción y operación del proyecto, al considerar que representa un riesgo para el agua, el territorio y los ecosistemas de la región.
Las organizaciones explicaron que el Amicus Curiae, conocido como “amigo de la corte”, permite que especialistas y organizaciones aporten argumentos técnicos y jurídicos para enriquecer la decisión de los tribunales, sin formar parte del litigio.
En el escrito se retoman criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Acuerdo de Escazú para sostener que, en casos de posible daño ambiental, corresponde a las autoridades y a las empresas demostrar que un proyecto no representa riesgos, y no a las comunidades afectadas acreditar previamente la existencia del daño.
Según las organizaciones, exigir a los pueblos indígenas y núcleos agrarios que prueben el impacto ambiental antes de acceder a la justicia impone una carga desproporcionada y contradice los estándares internacionales asumidos por México.
El pronunciamiento ocurre después de que el pasado 12 de junio el Tribunal Colegiado aplazó la discusión del proyecto de sentencia, el cual proponía confirmar la negativa y el sobreseimiento del amparo promovido por los ejidos del Sistema Lagunar de Chichankanab.
Para las organizaciones firmantes, este aplazamiento representa una oportunidad para que el Tribunal reconsidere el caso a la luz de los principios de prevención, precaución e in dubio pro natura, además de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y protección ambiental.
Advirtieron que confirmar el cierre del caso sin analizar el fondo podría sentar un precedente regresivo para la justicia ambiental en México y, además, colocar al Estado mexicano en una situación de posible responsabilidad internacional por incumplir obligaciones derivadas del Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales.
El caso cobra especial relevancia debido a que la granja se ubica en el entorno del Sistema Lagunar de Chichankanab, una zona considerada ambientalmente sensible dentro de la Península de Yucatán, donde la naturaleza kárstica del suelo incrementa la vulnerabilidad de los acuíferos frente a posibles fuentes de contaminación.
Las organizaciones hicieron un llamado al Tribunal para modificar el sentido del proyecto de resolución, reconocer el interés legítimo de los ejidos y garantizar que puedan defender de manera efectiva el agua, el territorio y los ecosistemas mediante un análisis de fondo del caso.
El Amicus Curiae fue elaborado por la abogada alemana Miriam Saage-Maasz, directora legal del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), y fue respaldado por organizaciones como ProDESC, Greenpeace México, Kanan Derechos Humanos, Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, Instituto de Derecho Ambiental, GAIA, la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental “Berta Cáceres” de la Universidad Iberoamericana y diversas agrupaciones que integran el Espacio OSC.
La resolución que emita el Tribunal podría marcar un precedente para futuros conflictos socioambientales en México, al definir el alcance del derecho de las comunidades a prevenir posibles daños ambientales antes de que estos ocurran. (Noticaribe)
