Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.- La Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de Yucatán aprobó por unanimidad un proyecto de dictamen para reformar el Código Penal estatal con el objetivo de fortalecer el combate a delitos cometidos mediante el uso de inteligencia artificial y otras herramientas digitales, así como ampliar la protección jurídica para víctimas de violencia digital y violación a la intimidad sexual.
La propuesta legislativa integra iniciativas presentadas por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, de Morena, derivada del Parlamento Juvenil 2025, y por el diputado priista Gaspar Armando Quintal Parra. Ambas plantean actualizar la legislación estatal para responder a nuevas formas de violencia y delitos facilitados por tecnologías emergentes, incluyendo el uso indebido de software de inteligencia artificial.
Entre las conductas que se busca sancionar con mayor severidad se encuentran la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento, el chantaje, el fraude, la falsedad de declaraciones ante la autoridad y otras prácticas ilícitas que puedan ser potenciadas mediante herramientas de generación de imágenes, audio o video creadas con inteligencia artificial. Las reformas también contemplan agravantes específicas cuando estas tecnologías sean utilizadas para vulnerar derechos de terceros.
Durante la sesión, el presidente de la comisión, el diputado Daniel Enrique González Quintal, presentó diversas observaciones y propuestas de ajuste para armonizar ambas iniciativas en un solo proyecto legislativo. Tras la incorporación de estas modificaciones, las y los integrantes de la comisión aprobaron por unanimidad el dictamen, que ahora continuará su proceso legislativo para ser discutido por el pleno del Congreso.
Con esta reforma, el Congreso local busca actualizar el marco jurídico de Yucatán frente a los desafíos derivados del desarrollo tecnológico y el uso cada vez más extendido de herramientas de inteligencia artificial. Los legisladores señalaron que el objetivo es fortalecer la protección de la privacidad, la integridad personal y la seguridad digital de la población, ante fenómenos delictivos que evolucionan con rapidez y que aún presentan vacíos normativos en distintas entidades del país. (Noticaribe)
