CIUDAD DE MÉXICO.- Ante las declaraciones de empresarios locales de Tulum, donde señalan que “en los últimos meses, se han intensificado las inspecciones a hoteles, restaurantes y otro tipo de negocios, por parte de la delegación en Tulum de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), quienes revisan minuciosamente los establecimientos ‘en busca de una falla, pero todos sabemos que vienen por dinero’”, que fue publicada por Milenio y por medios locales, la dependencia federal hace su aclaración.
“La Cofepris aclara que no cuenta con una delegación municipal en el estado de Quintana Roo. La ejecución operativa de la regulación y vigilancia en territorio corresponde exclusivamente a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Dpris), que actúa como Autoridad Sanitaria Local”, explica en el primer punto la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Y es que, con esta aclaración, la Cofepris señala directamente responsable de esos actos a la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, la Dpris, “por ello, esta Comisión hace un llamado enérgico a los sectores regulados, empresarios y a la ciudadanía en general a no ser partícipes ni guardar silencio ante actos de corrupción, invitándolos a utilizar activamente la Línea de Denuncia Ciudadana Formal 079. ‘Tu Denuncia Transforma’”.
Las quejas de empresarios, hoteleros, restauranteros y cualquiera dedicado a la prestación de servicios turísticos, es que “prácticamente a Tulum lo están matando, Tulum se está muriendo porque no hay una voluntad política; el derecho de piso ahora se lo tiene que pagar uno a las autoridades y, como empresario, te tienes que cuidar de todas las autoridades, las municipales, las estatales y las federales”, expresó con temor un líder de empresarios que pidió el anonimato.
Con la aclaración, la Cofepris se deslinda de la acusación y deja en la autoridad Estatal, es decir, la Dpris, los casos de extorsiones a comerciantes y empresarios, al grado que éstos “han llegado al punto en el que este sector ha lanzado un ‘ya basta’, pero continúan. Hay temor y difícilmente se atreven a denunciar. Hay múltiples trampas para lograr acreditar una multa, que se vuelve ‘mordida’, las cuales van desde 20 mil hasta 50 mil pesos. Una de ellas es el agua, que la provee el estado y continuamente no pasa las pruebas requeridas de clorificación”.
El testimonio de algunos empresarios, es que el personal de la “Cofepris estatal”, llega a tu local y “te encuentra, te encuentra, los ves arrodillados en el suelo con una linterna buscando en el rincón, debajo de la estufa a ver qué… la ley se está usando para una extorsión, como un instrumento para que los verificadores puedan decirte: o haces este camino legal que te cuesta 50 mil o haces este otro que te cuesta cinco mil mensuales”.
El comunicado de la Cofepris asegura que “la federación, en el marco de la estrategia nacional de buen gobierno mantiene actividades específicas con la entidad para evitar actos discrecionales en la totalidad del personal de las Autoridades Estatales de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS). Resultado de ello es que Quintana Roo cuenta con 57 cámaras de video vigilancia con las que ha realizado 28 visitas de verificación de enero a la fecha”. (Agencia SIM)
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