CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel adicional del 10% a determinadas importaciones provenientes de México al considerar que fueron elaboradas con trabajo forzoso, una medida que se dio a conocer apenas cuatro días después de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum.
La decisión fue informada por la administración estadounidense como parte de su política para combatir la importación de mercancías vinculadas con prácticas laborales consideradas violatorias de los derechos humanos.
De acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, el nuevo gravamen se aplicará a productos identificados bajo investigaciones relacionadas con presunto trabajo forzoso en sus cadenas de producción, en apego a la legislación comercial vigente en ese país.
El anuncio ocurre en un momento en que ambos gobiernos mantenían un diálogo para fortalecer la relación bilateral en temas de comercio, seguridad y migración, luego del encuentro sostenido entre Trump y Sheinbaum.
Hasta el momento, el gobierno mexicano no ha emitido una postura oficial sobre la medida ni ha informado si recurrirá a los mecanismos de solución de controversias previstos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Especialistas consideran que la aplicación de este tipo de aranceles podría generar afectaciones para empresas exportadoras mexicanas cuyos productos sean incluidos en las investigaciones de las autoridades estadounidenses, además de incrementar la presión sobre las cadenas de suministro para demostrar el cumplimiento de estándares laborales internacionales.
La medida forma parte de una estrategia más amplia de Washington para restringir el ingreso de mercancías cuya fabricación pudiera estar relacionada con trabajo forzoso, política que en los últimos años también ha alcanzado a productos procedentes de otros países.
El desarrollo del caso dependerá de las investigaciones que realicen las autoridades estadounidenses y de las acciones que emprenda el gobierno mexicano para acreditar el cumplimiento de las normas laborales por parte de los sectores involucrados. (Agencias)
