Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— La tragedia ambiental que estremeció al ejido de Nohalal, en el sur de Yucatán, ya tiene una causa identificada. De acuerdo con el informe final elaborado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), el agente responsable de la muerte de más de tres millones de abejas fue el fipronil, un insecticida clasificado como Plaguicida Altamente Peligroso (PAP) a nivel internacional. El documento confirma lo que los apicultores ya temían: un ecocidio provocado por malas prácticas agrícolas.
El reporte detalla que al menos 300 colmenas fueron destruidas en cuestión de horas, arrasando con más de 10 apiarios y generando pérdidas económicas superiores a los 465 mil pesos. Para las comunidades mayas de esta región, la apicultura no solo es un sustento económico, sino parte fundamental de su identidad cultural. La tragedia ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando una fumigación con fipronil en parcelas cercanas acabó con años de trabajo en una sola jornada.
Los productores afectados señalan como responsables a operadores de la empresa Granos y Vegetales de Yucatán, que presuntamente habría realizado la fumigación en terrenos del ejido vecino de San Rufino utilizando drones. Según los testimonios recabados, la empresa está vinculada a inversionistas originarios de Jalisco y se dedica al cultivo de limón persa para exportación. Los apicultores sostienen que la empresa ignoró los protocolos de seguridad ambiental y no notificó a las comunidades vecinas sobre el uso del pesticida.
Ante la magnitud de lo ocurrido, organizaciones ambientales y representantes comunitarios han decidido emprender acciones legales. Minneth Medina García, directora de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc), confirmó que los apicultores están recibiendo acompañamiento técnico y jurídico para exigir justicia, reparación del daño y que se apliquen sanciones ejemplares por el uso indiscriminado de sustancias tóxicas que afectan tanto a la biodiversidad como al modo de vida campesino.
La muerte masiva de abejas en Nohalal no solo revela la fragilidad del equilibrio ecológico en la región, sino también los riesgos que implica la expansión agrícola sin regulación efectiva. Mientras los apicultores luchan por recuperar lo perdido, el caso se convierte en símbolo de una problemática más amplia: la urgente necesidad de revisar las prácticas agroindustriales y garantizar que el desarrollo económico no se construya a costa de los ecosistemas y de las comunidades que los habitan. (Noticaribe)
