Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) informó que se ingresó una solicitud de autorización en materia de impacto ambiental para un proyecto que contempla el desarrollo de 3,708 lotes de inversión en el municipio de Ucú, sobre terrenos que fueron adquiridos por el gobierno estatal en 2012 y vendidos seis años después, y que actualmente se encuentran hipotecados con una institución bancaria.
De acuerdo con información del Registro Público de la Propiedad, el Gobierno de Yucatán compró esos predios a un precio aproximado de 11.38 pesos por metro cuadrado durante junio de 2012, y los vendió en agosto de 2018 a 90 pesos por metro cuadrado, en una operación global cercana a los 93.6 millones de pesos, lo que representó una ganancia superior a los 81 millones. La compra se realizó en la administración de Ivonne Ortega Pacheco y la venta durante el gobierno de Rolando Zapata Bello.
El proyecto, identificado como Cituán, se desarrollaría sobre una superficie de 104.02 hectáreas distribuidas en 20 tablajes de Ucú, una extensión equivalente a casi 15 veces el tamaño del Parque Zoológico El Centenario. La propuesta incluye alrededor de 3,700 lotes habitacionales que ocuparían poco más de 54 hectáreas, además de ocho lotes comerciales, tres destinados a servicios y una red de vialidades internas.
La manifestación de impacto ambiental señala que para concretar el desarrollo sería necesario desmontar cerca de 87 hectáreas, es decir, más del 83 por ciento del total del predio, mientras que aproximadamente 16.9 hectáreas se conservarían como áreas verdes. La magnitud del cambio de uso de suelo ha generado atención por el impacto ambiental que podría implicar en la zona poniente del estado.
Este nuevo proyecto revive la memoria del fallido Plan Maestro de Ucú impulsado hace más de una década, cuando se planteó la construcción de la llamada Ciudad Ucú sobre miles de hectáreas ejidales adquiridas mediante un crédito millonario, sin que la urbanización llegara a materializarse. La SDS informó que la ciudadanía cuenta con un plazo de cinco días hábiles para consultar la Manifestación de Impacto Ambiental y, en su caso, presentar observaciones en sus oficinas. (Noticaribe)
