La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres por su presunta participación en delitos de extorsión, además de ejecutar una orden de aprehensión contra un quinto implicado en hechos relacionados ocurridos en Isla Mujeres y Cancún.

Los imputados que quedaron vinculados a proceso son Guillermo “N”, Margarito “N”, Carlos “N” e Israel “N”, mientras que Manuel de Jesús “N” fue detenido mediante orden de aprehensión por su presunta participación en el mismo delito.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, Guillermo “N” y Margarito “N” fueron señalados por exigir el pago de 350 dólares semanales por “derecho de piso” al administrador de un negocio ubicado en la zona de playa frente a un hotel en Costa Mujeres, hechos que habrían comenzado el 14 de noviembre de 2025. Ambos trabajaban como guardavidas en un hotel cercano y presuntamente proporcionaban información sobre la víctima y sus clientes.

En este caso, el juez de control dictó prisión preventiva por dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.

Por otro lado, Carlos “N” fue vinculado a proceso por presuntamente cobrar “derecho de piso” a taxistas del sitio ubicado en la terminal de autobuses del municipio de Benito Juárez, actividad que habría iniciado desde octubre de 2025. El juez determinó que enfrente su proceso bajo prisión preventiva.

En una audiencia posterior, Israel “N” también fue procesado por presunta extorsión contra taxistas que operan en el mismo punto de transporte en Cancún, por lo que se le impuso la misma medida cautelar de prisión preventiva por dos años.

Asimismo, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión contra Manuel de Jesús “N”, quien presuntamente acudió, junto con otro individuo, a un puesto de tacos ubicado en la Supermanzana 255 para exigir dinero a su propietario a cambio de permitirle continuar trabajando sin ser molestado.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica dentro del plazo constitucional. (Con información de la Fiscalía General del Estado)

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