Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.– La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró la granja porcícola Gary, ubicada a menos de dos kilómetros del poblado de Chocholá, luego de que los responsables del establecimiento se negaran a permitir una inspección por parte de autoridades federales.
El complejo agroindustrial alberga más de 12 mil cerdos y desde hace varios años ha sido señalado por habitantes del municipio por presuntos impactos ambientales que, aseguran, han afectado la calidad del aire y del agua en la zona, donde viven más de cinco mil personas.
De acuerdo con información de la comunidad organizada, la visita de Profepa se realizó ante la sospecha de que la granja podría estar generando contaminación ambiental, particularmente en el acuífero y en el aire del municipio.
En meses recientes, habitantes de Chocholá realizaron análisis de laboratorio del agua subterránea, cuyos resultados detectaron altas concentraciones de bacterias coliformes, microorganismos asociados a contaminación fecal que pueden provocar diversas enfermedades. Según los resultados presentados por la comunidad, parte de esta contaminación tendría origen porcino.
Ante estos hallazgos, pobladores solicitaron la intervención de autoridades ambientales estatales y federales para investigar la situación y aplicar las medidas correspondientes. Entre las instituciones señaladas se encuentran la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
Los habitantes también han pedido que se establezcan controles ambientales más estrictos y que se obligue a la granja a detener la contaminación o, en su caso, suspender sus operaciones, como ocurrió previamente con la granja porcícola San Gerardo, ubicada en la comunidad de Santa María Chi, en el municipio de Mérida, que fue clausurada tras denuncias similares.
La clausura de la granja Gary abre un nuevo capítulo en el conflicto ambiental en la región, donde comunidades han intensificado la vigilancia ciudadana ante los posibles impactos de la industria porcícola sobre el acuífero de la península de Yucatán. Mientras tanto, habitantes de Chocholá esperan que las autoridades determinen si el establecimiento podrá continuar operando o deberá cerrar de manera definitiva. (Noticaribe)
