Por Itzel Chan
MÉRIDA, MX.— La comunidad maya de Telchaquillo denunció públicamente la criminalización de Gladis (Lucero) Uc Flores, integrante del Comité de Lucha Indígena, y de Álvaro Mena Fuentes, asesor comunitario, a quienes señalan como perseguidos por la defensa de su territorio frente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
De acuerdo con la comunidad, aunque las acciones legales se dirigen contra ambos defensores, consideran que la agresión es colectiva, en el contexto del conflicto por la operación de la zona arqueológica de Mayapán, que permanece cerrada desde noviembre de 2023.
El Comité explicó que, tras meses de negociaciones fallidas, en diciembre de 2024 fue admitida una demanda agraria contra el INAH. Sin embargo, en febrero de 2025 el instituto inició obras de remodelación dentro y fuera del sitio, lo que la comunidad interpretó como un intento de reocupación sin consentimiento.
Indicaron que ejidatarios informaron de manera pacífica a los trabajadores sobre el proceso legal en curso, lo que derivó en la suspensión de las obras. Posteriormente, se abrió una carpeta de investigación (FED/TUC/MER/0000130/2025) contra Uc Flores y Mena Fuentes por presunta obstrucción de obra pública.
Según la denuncia, la querella fue interpuesta en marzo de 2025, el mismo día en que el entonces director del INAH, Diego Prieto Hernández, acudió a la comunidad para dialogar, acompañado por un funcionario de la Secretaría de Gobernación. En ese encuentro, señalan, se pidió a la población no escuchar a sus asesores, mientras paralelamente se promovía la acción penal.
La comunidad acusó que durante el proceso han enfrentado trato discriminatorio y violaciones al debido proceso por parte de funcionarios, por lo que reiteraron sus exigencias: pago retroactivo por más de 40 años de ocupación de Mayapán sin consentimiento, un acuerdo de coadministración del sitio y que todas las propuestas sean presentadas por escrito.
Asimismo, recordaron que en diciembre de 2025 el Tribunal Agrario No. 34 otorgó medidas cautelares que impiden al INAH ejecutar el convenio de ocupación previa. Pese a ello, afirmaron que continúan firmes en la defensa de su territorio y solicitaron a organizaciones y movimientos indígenas solidarizarse con su causa, así como exigir al INAH el desistimiento de la denuncia penal. (Noticaribe)
