CANCÚN, MX.- La redacción de las reformas a la Ley Federal de Derechos, recientemente aprobadas en el Congreso de la Unión para aumentar el monto por el uso, goce y aprovechamiento de zona federal y destinar una parte al financiamiento de recuperación de playas en Quintana Roo, presenta imprecisiones que hacen del dictamen, un documento susceptible a la interpretación.
PLAYA DEL CARMEN, MX.- José Luis Gutiérrez Miranda, director General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (Zofemat), aseguró que no se verán afectados los programas de esta institución, a pesar de que parte los recursos provenientes de la recaudación por el uso y aprovechamiento de la Zofemat se destinarán a la recuperación de playas de Quintana Roo.
Dijo que el incremento del 25 por ciento en este derecho se estaría considerando como un excedente, “un sobresueldo”, por lo que no se tendrá ninguna repercusión en los programas de la Zofemat. Aclaró que aún no se tiene estimado a cuánto ascenderá el monto de la recaudación con el incremento, el cual comenzaría a aplicarse a partir del primero de enero, señaló.
El funcionario comentó lo anterior luego de que se anunciara que los trabajos de recuperación de playas en Quintana Roo se harían a través de un crédito con Banobras, por aproximadamente 300 millones de pesos, mismo que será pagado con recursos provenientes de la Zofemat.
Gato por liebre en utilización de playas
A pesar de que en Cancún y la Riviera Maya, la mayoría de los concesionarios de la Zofemat utilizan la playa con fines lucrativos, y por lo tanto, deberían contar con una concesión de uso “general”, no todos reportan este uso y optan por declarar un uso de “conservación y ornato”, como Solar Chaca, una de las razones sociales del grupo Riu, Hotel Aventura Spa Palace, Impulsora Playacar, Tres Ríos, Fideicomiso Caleta de Xel Há y Hoteles Robinson Tulum; lo anterior, de acuerdo al padrón de concesionarios obtenido a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Al declarar un uso de protección u ornato, quienes destinan sus arenales a actividades lucrativas pagan sólo una tercera parte de lo que les correspondería, sin embargo, la Zofemat carece de facultades para inspeccionar las áreas concesionadas, aseguró su titular:
“Compete a los ayuntamientos verificar cuáles son las condiciones de las concesión y si el uso que se le da coincide con la concesión; la Dirección de Zofemat no recauda, son los ayuntamientos”, destacó Gutiérrez Miranda. Agregó que también es tarea de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir en esos casos: “A la Profepa también le corresponde, en sus revisiones ordinarias, verificar que coincida el uso que se le da a los arenales y lo que dice la concesión”.
El director general de la Zofemat enfatizó que “nosotros no hacemos inspecciones, no contamos con personal para ello, si nos damos cuenta del mal uso de una concesión o si el propio municipio lo notifica, se pide una inspección a la Profepa, y si se detecta alguna inconsistencia, podemos revocar la concesión, pero nuestra función no es de vigilancia”, reiteró.
En la Riviera Maya, el director de la Zofemat, Elizardo Sánchez Espejo, negó que los usuarios de la zona federal marítimo terrestre de este destino turístico estén dando a la franja costera un uso distinto del que declaran en su concesión. (Noticaribe)
Lo que el senado aprobó el miércoles pasado, fueron modificaciones al artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, al añadir una zona XI –a las 10 ya existentes-, con dos sub-zonas, en las que se ubicó a cuatro municipios de Quintana Roo, en donde se aumenta un 25 por ciento la tarifa por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal.
El punto es claro y no ha generado hasta hoy, mayores inquietudes entre los diversos actores involucrados, no así, otros elementos que ya comenzaron a analizarse al interior de los Comités locales de Zona Federal y de la iniciativa privada.
La Asociación de Hoteles de Cancún entiende, según lo ha dado a conocer, que el 100 por ciento del Fondo de Zona Federal Marítimo Terrestre –compuesto por el 30 por ciento del total de la recaudación por zona federal- se invertirá en saldar el crédito que otorgará Banobras para financiar los proyectos de recuperación de playas de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, que no Isla Mujeres como se manejó en un principio.
Para funcionarios del gobierno del estado, el dato varía en cuanto a que es el 25 por ciento del Fondo de Zona Federal, lo que se destinaría para el pago del crédito, dejando sólo un cinco por ciento dentro de dicho fondo.
En ambos casos, se respetaría el 70 por ciento que, de la recaudación total, le corresponde a los municipios.
Pero los términos en los que se aprobó el dictamen que propone reformas a la Ley Federal de Derechos –aún no avalada por el poder ejecutivo- indican que el Fondo de Zona Federal tampoco se verá alterado, pues seguiría destinándose para financiar los proyectos y programas para los que fue creado: Mantenimiento, limpieza, preservación, delimitación, censo, ordenamiento, zonificación, regularización e inspección y vigilancia de la zona federal.
Lo que se etiquetó para pagar el crédito a Banobras –y por tanto para la recuperación de playas- será el 25 por ciento de la recaudación total en la zona XI y sus sub-zonas, aplicando ya el 25 por ciento de aumento a la tarifa también aprobado.
El proyecto de dictamen…
Consultado por El Periódico, el texto indica que ni el Fondo de Zona Federal, ni el otro 70 por ciento que corresponde a los municipios, deben ser alterados, ya que el resultante del 25 por ciento del aumento aprobado, deberá ser separado antes de la conformación de dicho Fondo y luego ingresado a un fideicomiso exclusivamente para el tema de recuperación y mantenimiento de playas.
“Tratándose de la zona XI de la tabla contenida en este artículo, previo a la conformación de los fondos mencionados (…), sin perjuicio de los porcentajes que en términos de los convenios celebrados para la creación de tales fondos deban destinarse a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre a que se refiere el párrafo que antecede, cuando menos el 25 por ciento de los ingresos recaudados por el derecho que corresponda cubrir en términos de este precepto, deberá destinarse única y exclusivamente a la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas ubicadas en la citada zona, incluso para el pago de adeudos generados con motivo de los financiamientos contratados para dichas actividades”, se establece.
De este modo, al entrar en vigor la disposición y respetando el dictamen tal cual se aprobó en el Congreso, del cien por ciento de la recaudación se restará o separará el 25 por ciento correspondiente al aumento aprobado, para depositarlo en el fideicomiso que habrá de crearse para administrar el recurso para la recuperación de playas y el pago del crédito pedido a Banobras.
Posterior a ello, el 70 por ciento se irá a las arcas municipales y con el otro 30 por ciento se conformará el Fondo de Zona Federal, que hará posible el financiamiento de proyectos y programas de vigilancia, mantenimiento, censo, padrón de ocupantes y demás, establecidos en el Anexo I del Convenio de Colaboración Fiscal Administrativo, Fiscal Federal.
Para la administración de dicho fideicomiso deben establecerse las reglas de operación, mismas que se encuentran en proceso.
Otro aspecto interesante, es que conforme al dictamen, se deja abierta la posibilidad para aumentar el porcentaje para el tema de la recuperación de playas, pues no lo cierra a 25 por ciento, sino que lo cita como “al menos el 25 por ciento…”.
Vale recordar que el dictamen no ha sido aprobado aún por el poder ejecutivo, es decir, por el presidente de la República, Felipe Calderón, quien posee las facultades para hacer correcciones o propuestas que modifiquen el dictamen, regresarlo a las Cámaras o bien, vetarlo.
Las razones…
En la exposición de motivos para fundamentar y motivar las modificación a la Ley Federal de Derechos, se menciona la magnitud de daños provocados en las playas de Quintana Roo, debido al embate de fenómenos meteorológicos, como el huracán Wilma que recrudeció la erosión de las playas de Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum.
Si bien se cita que durante el 2006 el gobierno federal emprendió acciones para contrarrestar el fenómeno erosivo, los esfuerzos “han sido insuficientes” y el problema, creciente.
En virtud de ello, la Comisión Dictaminadora de la Cámara de Diputados resolvió que había que aplicar soluciones de fondo para reponer la arena perdida y propiciar que ésta se mantenga en su sitio, mediante protecciones que disminuyan los niveles de erosión.
Los legisladores determinaron que, pese a que el cobro del derecho a que se refiere el artículo 232-C –vinculado al 232-D- de la Ley Federal de Derechos, ha generado ingresos para los municipios, esos recursos son insuficientes para fondear los mecanismos de recuperación y mantenimiento de las playas en los municipios de la entidad.
De este modo, propusieron ajustar las cuotas aplicables hasta el momento y aprobaron crear una nueva zona XI, que se dividió a su vez en dos subzonas.
En la primera (A) quedó Cozumel, con cuotas relativamente más bajas. La isla, estaba en la Zona IX; mientras que Benito Juárez, Solidaridad y Tulum quedaron en la segunda subzona (B); Cancún y Playa estaban en la zona X.
“En este orden de ideas, con la nueva clasificación se estima para ambas subzonas un incremento de alrededor del 25 por ciento de las cuotas que actualmente se pagan por el derecho de mérito” –se lee en el dictamen –“y se prevé destinar los ingresos generados por dicho incremento única y exclusivamente a la recuperación, conservación y mantenimiento de las referidas playas, así como al pago de los adeudos generados con motivo de la obtención de financiamientos para llevar a cabo dicho fin”.
También es importante citar que el incremento no se dio en todos los usos, es decir, el aumento no aplica para los usos de ornato y protección, sólo para el general.
Esquema de manejo de Zona Federal Marítimo Terrestre
- El Anexo Uno del convenio de colaboración administrativa fiscal federal, determina el destino y reglas de operación para la utilización de los recursos recaudados por el uso, goce y aprovechamiento de la zona federal.
- Del 100 por ciento de la recaudación por zona federal, 70 por ciento queda en manos de los municipios y el 30 por ciento restante queda etiquetado en un fondo, para el cual los tres órdenes de gobierno aportan un 10 por ciento cada uno.
- La Ley de Coordinación Fiscal, uno de los instrumentos rectores de la zona federal, establece que la creación de dicho Fondo es para la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de la zona federal marítimo terrestre (zofematac)
- Dicho Fondo se compone del 30 por ciento de los recursos recabados por el pago de derechos del uso, goce y aprovechamiento de la zona federal.
- Existe un Comité Técnico de Zona Federal, integrado por los tres órdenes de gobierno, que vela por la correcta administración de los recursos del Fondo de Zona Federal
- Los programas sufragados por ese 30 por ciento, son: Delimitación, censo, ordenamiento, zonificación, regularización e inspección y vigilancia de la zona federal, faja de 20 metros que se mide a partir de donde rompe la ola, hacia tierra adentro.
- En el rubro de la delimitación, entran el censo y la regularización de ocupantes; el subcomité de concertación se encarga de la limpieza de playas, de los ambulantes, náuticos y de los conflictos sociales.
- El subcomité de ordenamiento ecológico ve lo referente al ordenamiento, a los planes de desarrollo urbano, a las áreas naturales protegidas, a las zonas tortugueras y “otros”.
- En tanto, el subcomité de inspección u vigilancia atiende la verificación aleatoria del censo de ocupantes, la inspección del cumplimiento de la normatividad; la intensificación de la vigilancia, principalmente en lo referente al control del comercio ambulante no autorizado y la inspección del cumplimiento de la normatividad de actividades de playa y náuticos.
(Fuente: El Periódico)
