CANCÚN, MX.- Pese a que estaba a un paso de ser demolido al comprobarse las irregularidades para la emisión de permisos de construcción y de obtención de permisos locales y federales, el muelle de Ultramar, en Playa del Carmen, es un caso “perdido ambientalmente hablando”, afirmó el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Luis Jorge Morales Arjona.
A finales de enero pasado, el funcionario habría informado que un juez ordenó levantar la clausura aplicada en 2006 por la dependencia y que se realizarían una serie de visitas para constatar impactos ambientales en la vida marina, específicamente en el Arrecife Jardines.
Hace dos semanas se realizaron cuatro visitas, en las que buzos de la dependencia efectuaron inmersiones por la zona, concluyendo que “Jardines” es un jardín arrecifal y no un arrecife como tal.
“Nosotros hemos dejado sin efecto todo procedimiento. Ya el juez nos había dicho que no veía los impactos ambientales de este muelle y pues… ahora la conclusión es que no hay un arrecife como tal. Se ordenó una nueva visita, pero la verdad es que el caso está perdido ambientalmente hablando”, expresó el funcionario.
El 5 de junio del 2006, fecha en que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, la Profepa clausuró parcialmente la construcción y operación del muelle de Ultramar, estructura de mil 664 metros cuadrados, con 6.40 metros de ancho por 260 metros de largo, que hacen un total de dos mil 964 metros, al final de la avenida Constituyentes.
Entre los argumentos de la dependencia, para fundamentar la medida, se citaron entonces el que la empresa Ultramar/Aquaworld -propiedad de Germán Orozco Sarro- ocultó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la existencia del Arrecife Jardines, a unos cien metros del muelle, a fin de conseguir los permisos en materia de impacto ambiental.
Durante dos años y medio el empresario promovió una decena de amparos ante un juzgado en Cancún en contra de las resoluciones de la Profepa; entre ellas, la orden de clausura del muelle.
A su favor, Orozco Sarro acusaba que el entonces director general de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), Ricardo Juárez Palacios, expidió la autorización de impacto ambiental en febrero de 2003, bajo el argumento de que ahí no existía ningún arrecife, declaración que modificó tres meses después, al argumentar que la empresa ocultó información. (Fuente: El Periódico)
