CHETUMAL, MX.- El Congreso del Estado dio entrada a tres iniciativas que plantean reformar el Código Penal de Quintana Roo, una de ellas propone poner topes máximos al cobro de intereses por parte de los agiotistas, y establecería penas de hasta ocho años de prisión en su contra.
Además, se dio entrada a las iniciativas promovidas por el Tribunal Superior de Justicia en las cuales se plantea la desaparición de los “coyotes” en los juicios penales, pues solamente podrían litigar los abogados titulados y con cédula profesional, a fin de garantizar una defensa adecuada a quienes son procesados por algún delito.
En sesión ordinaria realizada este martes por la noche, se dio entrada a una iniciativa presentada por el diputado Gustavo García Bradley, mediante la cual propone reformar el artículo 157 del Código Penal del Estado para hacer más claro el alcance del delito de usura o agiotismo, y otorgar los elementos del tipo penal de forma concreta a la autoridad persecutora.
De acuerdo a la iniciativa que fue leída por el propio legislador, es apremiante la necesidad de adecuar las normas jurídicas a la realidad que vive de la entidad para poder dar soluciones a los problemas que viven diariamente los quintanarroenses.
Resulta importante, dijo, proponer una mejor forma de tipificar el problema de la usura o el agiotismo a un tipo penal con elementos más objetivos que den confianza y certidumbre jurídica a las personas que se ven afectadas por esas prácticas.
Y es que, dijo, la situación económica que vive una parte considerable de la población hace que éstos no puedan contar con ahorros o recursos para hacer frente a las necesidades de la vida diaria o a situaciones fortuitas, dando por resultado la necesidad de que tengan que acudir a prestamistas, en donde por lo general obtienen dinero a cambio de altas tasas de interés.
La figura de préstamos entre particulares ha generado la práctica frecuente de la usura o el agiotismo, favoreciendo a un pequeñísimo grupo que se ve beneficiado a costas de la necesidad de las clases sociales más desprotegidas, lo que hace que la sociedad quintanarroense sufra el menoscabo de su patrimonio familiar.
Existe una gran cantidad de personas que se dedican a la usura, pero que no son sancionadas por lo difícil que resulta la comprobación de los elementos materiales que integran el tipo penal, de tal manera que esa figura delictiva es casi imposible de comprobar por la forma técnica jurídica que la conforma.
Con la reforma planteada se establece la desaparición de cuestiones subjetivas en el artículo 157, además de que propone penas de hasta ocho años de prisión a los usureros o agiotistas cuando éstos cobre intereses por arriba de las tasas bancarias más altas vigentes al momento de la operación.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia y el Ejecutivo del Estado presentaron una iniciativa para reformar los artículos 502, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Quintana Roo, y 21 y 57 del Código Penal de Quintana Roo, éstos últimos para abatir de plano con los famosos “coyotes” como se les conoce a las personas que asesoran y representan jurídicamente a los acusados de algún delito, pero que carecen de los conocimientos adecuados en la materia y no cuentan con los certificados que lo acrediten como profesionales.
De esa forma se pretende brindar una adecuada asesoría jurídica a los procesados o acusados de algún delito, es decir, una eficiente defensa jurídica.
Las iniciativas referidas fueron turnadas a las comisiones de Justicia y Puntos Legislativos para su discusión, análisis y posterior dictamen.
En otro orden de ideas, el presidente de la actual mesa directiva, Salatiel Alvarado Dzul, tomó la protesta de rigor a la diputada Dalia Rosalía Canché Ruiz, quien entró en suplencia de la diputada propietaria Luz María Beristáin, quien pidió licencia temporal para separarse de su cargo. (Fuente: Congreso de Quintana Roo)
