PLAYA DEL CARMEN, MX.- En Quintana Roo, la Dirección de protección contra riesgos sanitarios no ha detectado ninguna irregularidad en la expedición de medicamentos en las farmacias que operan en este estado, tampoco ha asegurado recetas medicas por ningún motivo; en más de 2 años y medio sólo ha impuesto cinco sanciones económicas a un restaurante, javascript:void(0);una discoteca y 3 bares.
A pesar de que el funcionamiento y operación de las ambulancias ha sido constantemente cuestionado en todo el estado, esta Dirección sólo ha impuesto amonestaciones o apercibimientos.
En 2007, sólo realizó 33 verificaciones a hospitales y clínicas; en 2008, bajó su “alta productividad” a 32 verificaciones, y hasta abril de 2009, sólo tiene consignadas 8 verificaciones a nosocomios.
Además, a pesar de que el padrón verificable de bares y restaurantes y otros prestadores de servicios suma miles de establecimientos, los ingresos de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios por dictámenes técnicos suman apenas unos cuantos cientos de miles de pesos.
Bajo la supervisión de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios están asuntos como el funcionamiento y la venta de medicamentos en farmacias, el funcionamiento y equipamiento de ambulancias y hospitales; que los médicos y prestadores de servicios relacionados con la salud sean profesionistas.
Vigila la buena operación de bares discotecas y restaurantes en lo referente a cuestiones sanitarias, como la calidad de los alimentos y alcohol; esta Dirección, también se ocupa de verificar que en las centros de venta de alcohol no haya menores de edad consumiendo bebidas embriagantes; igualmente se ocupa de verificar que los manejadores de alimentos tengan su respectiva tarjeta de salud, que las sexo servidoras cuenten con tarjeta sanitaria.
Además se encarga de monitorear que las fábricas de hielo y agua vendan productos purificados y sin contaminantes químicos u orgánicos; también, recientemente, quedó en sus manos la responsabilidad de verificar que los espacios públicos cerrados se encuentren libres de humo.
La lista de facultades y responsabilidades de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios puede seguir creciendo, se trata de una oficina de carácter federal, pero que ha delegado a los estados importantes funciones como las ya enumeradas.
Tiene amplias facultades que le permiten prácticamente meterse hasta la cocina de los establecimientos que tengan relación con la venta y prestación de productos y servicios que en algún momento, puedan representar un riesgo para la salud.
Pero mientras sus alcances son significativos e involucran áreas y actividades sensibles, la dependencia parece estar alejada de un escrutinio real, en parte, porque el estado es sólo un coadyuvante que parece estar bien acomodado con las prácticas de esta oficina, y en parte, porque el gobierno federal la ha dejado en el olvido.
A través de diversas solicitudes de información, Noticaribe obtuvo datos que evidencian irregularidades en la operación de la Dirección; una institución cuestionada tanto por instancias municipales como por el sector empresarial, pero que ha logrado mantenerse sin ninguna molestia, a pesar de las graves consecuencias que puede causar su inacción.
Los documentos obtenidos son una prueba indirecta de que la falta de registros claros, la ausencia de estadísticas y el nulo procesamiento de datos, han permitido a esta Dirección actuar libremente, bajo un esquema de corrupción que es un secreto a voces.
El interés en este tema surgió luego de que este medio de comunicación recibió diversas denuncias relacionadas con malas prácticas en hospitales y en los servicios de ambulancias; quejas que se sumaron a las hechas por restauranteros y dueños de bares que señalan a algunos verificadores como “vendedores” de dictámenes técnicos; además de la de algunos profesionales de la salud que comentaron la venta irregular de fármacos controlados, del grupo II, y en especial por parte de las farmacias YSA.
Ambulancias: sin equipo, sin paramédicos profesionales y mercenarias de los heridos
Sin el equipo necesario, sin la preparación requerida por parte de los paramédicos, sin los medicamentos y los implementos necesarios para responder a las emergencias; selectivas en cuanto al “cliente”, y sin una autoridad que les ponga freno, así operan prácticamente todas las ambulancias en el estado. Sin embargo, la Dirección de protección contra riesgos sanitarios parece no tener demasiado interés en este tema, y aunque “sabe” de la problemática, su ausencia ha permitido que las ambulancias se conviertan en mercenarias de los heridos.
De acuerdo a la solicitud de información folio 363-2008, la Dirección de protección contra riesgos sanitarios no cuenta con datos de inspecciones o verificaciones realizadas a las ambulancias en 2007 y 2008, según respondió: “le informo que en los archivos que obran en esta Entidad, no se encontró verificación o inspección alguna a prestadores del servicio de ambulancia en los años 2007 y 2008”.
Sólo se tienen datos de 2009, y hasta junio las verificaciones realizadas por municipio fueron las siguientes: Solidaridad (Riviera Maya): 24; Tulum: 9; Benito Juárez (Cancún): 28; Cozumel: 13; Isla Mujeres: 2; Othón P. Blanco (Costa Maya, Mahahual, Chetumal): 22; Lázaro Cárdenas: 4; Felipe Carrillo Puerto: 4; y José María Morelos: 4.
En ningún caso, se ha suspendido a alguna ambulancia, tampoco se les ha aplicado sanción económica, pero todas, incluso las de la Cruz Roja, aparecen con un señalamiento de “amonestación/apercibimiento”.
Arturo Alfaro, director de Salud del municipio Solidaridad señala: “tenemos un problema serio con las ambulancias, la queja ciudadana es permanente, tanto por la cuestión de los servicios como por las tarifas de estos servicios, pero peor aún por el avituallamiento de las unidades y la preparación de sus tripulantes”.
Sin embargo, reconoce la limitante impuesta por las atribuciones de jurisdicción: “hemos recibido infinidad de quejas, y todas las quejas las hemos tenido que transformar en un respuesta lamentabilísima: que esto no es de nuestra competencia. Nosotros no podemos hacer nada, estamos atados de manos, ante este asunto”.
Por su parte, José Ruiz, Jefe de Control Sanitario de la Dirección de protección contra riesgos sanitarios, justifica “estamos conscientes de que mucha unidades que prestan ese servicio no cumplen como tal”; “(sabemos) que llegaban a pelearse el ‘cliente’, en lugar de prestar auxilio”, (y) “como autoridad las podemos suspender, pero qué va a pasar, las suspendemos a todas y ya no va a haber quién dé el servicio”.
A pesar de que las estadísticas entregadas por la propia dependencia refieren que no se cuentan con datos del 2008, José Ruiz afirma que “a mediados del 2008, y en lo que va del 2009 se levantaron verificaciones a todas las unidades, lo que interesa es ir clasificando cuáles son las de traslado, cuáles las de urgencias, básicas, las de cuidados intensivos”.
Pero las inconsistencias en las declaraciones del funcionario son evidentes, en otro momento de la entrevista señala que “ya terminó el proceso de verificación de resultados, y (las ambulancias) están en proceso de cumplir”, para luego comentar: “estamos trabajando en la clasificación y equipamiento de las unidades, en el personal que está a bordo, en muchas ocasiones no están certificados”. “Estamos trabajando con seguridad pública, tenemos un convenio preparado para que lo firmen los secretarios (de Seguridad Pública)”.
Sobre este particular, José Ruiz detalló que se pretende crear un ‘centro regulador de urgencias médicas’, destinado a organizar las salidas de las ambulancias para atender las emergencias, de acuerdo a las necesidades del siniestro; y una vez que éste comience a operar, sólo se moverán unidades que cuenten con las características para cada caso; pero advierte: “es una labor titánica, se están tocando muchos intereses”.
Aunque en el momento de realizarse esta entrevista, a principios de septiembre, el encargado de Control Sanitario aseguró que ya estaban en pláticas con las autoridades municipales, en el caso de Solidaridad, dicha propuesta llegó apenas en octubre; y el documento se formuló en términos que no parecen convencer a las autoridades de la Riviera Maya.
En ese sentido, el Director de Salud municipal apunta “tuvimos la visita de personal de Dirección de protección contra riesgos sanitarios; (…) planteándonos la posibilidad de que sean ellos quienes operen la distribución de los servicios de ambulancia para ordenar quién va ir a levantar a un herido. Quieren que el municipio les dé un espacio en el C4, que el municipio les pague personal para que ellos dispongan del mismo, quieren que el municipio les dé todas las facilidades para hacer el trabajo que deberían estar haciendo y que nunca han hecho”.
Al tiempo que la Dirección de protección contra riesgos sanitarios demanda un espacio y personal municipal para cumplir con su trabajo, no existe ninguna intención de permitir a las autoridades locales participar en la supervisión de las ambulancias: “con el convenio que nos vinieron a presentar, en ningún momento nos permiten coadyuvar o participar en la verificación. El convenio reafirma la limitante que tenemos, y más allá de eso, pone nuevas limitantes,
como que cualquier acción que nosotros ejerciéramos podría tener algún tipo de respuesta administrativa no agradable. El convenio es restrictivo, no abre ninguna posibilidad de coadyuvar en la supervisión de esos servicios”.
Arturo Alfaro no quiso opinar sobre la viabilidad de la propuesta, aunque adelantó que se efectuará una reunión con todas las instancias involucradas: “he pedido una reunión en la que se convoque a las autoridades relacionadas, Seguridad Pública, la Dirección Jurídica, los representantes del C4, Protección Civil y la Dirección de Transporte, para analizar el convenio y hacer una propuesta. Creo que es necesario hacer una contrapropuesta y unas adecuaciones al convenio presentado”. (Noticaribe/Primera parte)
