PLAYA DEL CARMEN, MX.- Cansados de que por dos años han luchado para recibir un sueldo diario en lugar de liquidaciones, porque dado al volumen de autobuses del transporte público no alcanzan a sacar las cantidades que exigen los concesionarios de 650 a 700 pesos, más 300 pesos de combustible, un grupo de 20 operadores de la empresa concesionaria Tucsa, acudieron en manifestación a palacio en busca de mediación del gobierno con la directiva.
Alrededor del mediodía de este martes arribó un grupo de operadores, que con el paso de los minutos se incrementaron, la mayoría en descanso y sin afectar a la población con el servicio, exigiendo de igual forma la restitución de su compañero Jorge Cohuó, a quien por no pagar las liquidaciones acumuladas le dieron de baja.
Minutos después el secretario general del ayuntamiento Rafael Castro Castro bajó de sus oficinas para atender al grupo de inconformes, toda vez que desde un inicio intervinieron en el conflicto, coordinados con la Comisión Municipal de Transporte y Vialidad (CMTyV), pero ya han transcurrido dos años y ninguno de los planteamientos fue concretado.
Los operadores manifestaron que muchos de ellos tienen adeudos hasta de 20 mil pesos, pero son varios meses que no han podido ponerse al corriente ya que cada vez hay menos pasaje, además que incrementaron el número de combis colectivas que son una mayor competencia, “manejamos alrededor de 73 unidades, éramos 160 compañeros pero con la crisis económica, los problemas de influenza muchos se dieron de baja y actualmente quedamos 115”, asentaron.
Dijeron que es imposible salir con una liquidación de 650 a 700 pesos diarios por ocho horas de trabajo, además de los 300 pesos de combustible, es decir mil pesos diarios, de tal forma que a ellos no les queda nada para llevar a sus familias, por eso mismo exigen que la empresa Tucsa les pague sueldo de 300 pesos diarios y no en el sistema actual, además de las prestaciones de ley que les corresponden, pero de manera formal y sin triquiñuelas.
En ese sentido, el encargado de la política interna de la comuna, Rafael Castro, aseguró que no pueden hacer más que fungir como intermediarios con la empresa y ellos, de tal forma que estarían programando una reunión para llegar a los mejores términos, dado que ante la posibilidad de un paro de labores estarían contraviniendo a la ley al ser un servicio público y necesario y no sería justo para los usuarios. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
