CHETUMAL, MX.- Mientras que servidores públicos y sus familiares se beneficiaron de apoyos destinados al campo, cerca de un 15 por ciento de los 25 mil productores afiliados al Progama de Apoyos Directos al Campo (Procampo) se han visto en la necesidad de vender o rentar sus propiedades a empresarios de otros estados al no contar con la ayuda económica para sus cultivos, según revelaron líderes campesinos.
CHETUMAL, MX.- Funcionarios de secretarías federales, estatales y de organismos relacionados con el campo, trataron de engañar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) al aprovechar la información sobre los programas de activos productivos, que mezcla recursos federales y estatales, para inscribirse a sí mismos y a sus familiares y así obtener recursos públicos de ese programa destinado a productores rurales.
Los nombres, su lugar de residencia, así como los tipos de beneficios, aparecen en un listado de la Sagarpa denominado “Relación de funcionarios con posibles coincidencias con productores solicitantes de apoyos en 2008”.
En ese documento aparece José Ascencio Navarrete, papá del funcionario de la Sedari, Ascencio Villamil, quien solicitaba la adquisición de maquinaria y equipo por más de 250 mil pesos. En una segunda solicitud, pedía otro recurso para un pozo para sus parcelas. Aparecía dos veces en el listado con el mismo folio: 23-08-002402.
Las anomalías, según Antonio Rico Lomelí, delegado de la Sagarpa en el estado, consisten en que los funcionarios o sus familiares no tienen derecho a este programa de activos productivos, y mucho menos pueden tener más de dos folios, distintos o repetidos, porque eso se considera como un acaparamiento.
En el listado en poder de Novedades de Quintana Roo, aparece Lorenzo Renteral Contreras, hermano de la funcionaria del Centro de Calidad para el Desarrollo Rural (Cecader), Ileana Renteral Contreras, quien pretendía beneficiarse con una motobomba, perimetral, sala de ordeña entre otros apoyos. Ileana Renteral Contreras aparece en la página de Internet de la Sagarpa como la encargada estatal de ese centro.
Los nombres de 23 funcionarios y sus familiares estaban en 75 solicitudes de apoyo y pertenecían a la Sagarpa, Sedari, Sede y el Cecader.
Las reglas de operación en 2008 no permitían el acceso a estos beneficios a funcionarios públicos y sus familiares según lo establecía el artículo 6 de las misma normatividad.
Rico Lomelí explicó que al parecer el gobierno del estado tuvo conocimiento de los hechos del 2008, ya que al momento de detectar alguna irregularidad, Sagarpa informaba al personal que participaba en los comités dictaminadores, conformados por la federación y el estado. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
De acuerdo con la versión de los productores, son los empresarios y servidores públicos, con acceso a las reglas de operación de los programas federales y estatales que permiten el uso de recursos para programas del campo, quienes se aprovechan de la incapacidad financiera de los campesinos para lucrar con las tierras.
Dirigentes agrarios señalaron que los programas federales de apoyo al sector primario, como el Procampo, deben tomar otras direcciones y hacerlos más flexibles a las condiciones actuales de los campesinos.
El director de Proveedores de Granos Básicos en el estado, Álvaro Ramírez Mendoza, quien representa en su asociación a más de 10 mil productores de maíz y arroz principalmente, afirmó que un 80 por ciento de los beneficiarios del Procampo son productores de bajo nivel socioeconómico por lo que “subsisten” con este apoyo.
Recordó que estos programas fueron diseñados hace más de diez años por lo que actualmente no responden a las necesidades de la mayoría de los productores.
Aseguró que actualmente el campesino prefiere vender o arrendar sus hectáreas de cultivo, ante la falta de capital para adquirir tecnología que permita una mayor productividad de sus tierras.
Gracias a ello sólo un 85 por ciento de los empadronados en el Procampo conserva sus zonas de cultivo, que ascienden a 77 mil hectáreas.
Reveló que empresarios ganaderos como Armando Toledo Jamit, originario de Campeche, quien fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de aquel estado, y hombres de negocios de Sinaloa y Puebla, se han acercado a Quintana Roo “porque saben que campesinos de aquí tienen grandes extensiones de tierra pero no cuentan con tecnología para hacerlas producir”.
Manifestó que el origen de este programa fue muy bueno, “pero se ha ido desprestigiando; muchos funcionarios se han incrustado no con una o dos hectáreas sino con grandes extensiones de tierra, en perjuicio de los más necesitados”, dijo.
Criticó que funcionarios que diseñan o “se enteran” de las reglas de operación se les permita ganar ventaja sobre los campesinos, “porque saben a donde se van a invertir los recursos”.
Por su parte, el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Pedro Pérez Díaz, comentó que muy pocos son los campesinos necesitados que tienen acceso a los beneficios del Procampo.
Dijo que a la fecha las reglas de operación son manejadas a conveniencia de autoridades del sector, en donde los más perjudicados son los propios campesinos.
Expresó la preocupación de la gente del campo, pues en la zona sur y centro del estado reclaman asesoramiento técnico, que desde hace varios años no les ha proporcionado.
Advirtió que de continuar las irregularidades en los apoyos del Procampo, tomarían las instalaciones de las intancias encargadas de proporcionar y administrar este tipo de ayuda. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
