CANCÚN, MX.- El presidente de la asociación Defensores del Ombligo Verde, Tulio Arroyo, se sumará a los personajes que interpongan denuncias por la intervención de sus llamadas telefónicas y la irrupción a su privacidad, al señalar que el asunto “no debe quedar impune, ni sólo como un hecho mediático”, por la gravedad que reviste.
CANCÚN, MX.- “Era para tener el control de toda la política. Nos habían dicho que Greg iba para gobernador y tenía que saber todo el movimiento; me pagaban cinco mil pesos a la semana”, afirmó Estela González Tun, que trabajaba como capturista de datos en el centro de espionaje allanado por elementos del Ejército Mexicano en un departamento del condominio Xcaret. No fue detenida.
Milenio documentó así ayer la conexión entre el precandidato a la gubernatura del estado, por los partidos Convergencia, PRD y PT, Gregorio Sánchez Martínez, y la red de espionaje cuyo centro, según el procurador Francisco Alor Quezada, fue establecido por el ex asesor de Seguridad del edil con licencia, Boris del Valle Alonso –preso por vínculos con los ejecutores del general Mauro Enrique Tello Quiñones–.
En un reporte preliminar que presuntamente entregó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), se informa que cuando el centro de espionaje de Xcaret fue cateado el pasado jueves, se encontraba una de las ex esposas de Gregorio Sánchez, así como su sobrina Miriam Figueroa, quienes al huir de los militares dejaron sus bolsos con identificaciones y documentos.
Ese mismo reporte establece que bajo las órdenes del teniente de Navío, Manuel Vera Salinas, expertos en vigilancia encubierta, ex militares y técnicos monitoreaban a “enemigos” y adversarios del precandidato de Convergencia, PRD y PT al gobierno estatal, Gregorio Sánchez.
En el cateo, oficiales de Inteligencia Militar encontraron diagramas y gráficas de estructuras de seguimiento y espionaje; en cada perfil hay fotos de los sujetos a vigilar, domicilios, oficinas, teléfonos y horarios, señala el informe.
Los archivos incluyen sitios de reunión, restaurantes, cafés, rutinas cotidianas, aficiones y gustos propios y de familias, hijos, cónyuges, amigos, tendencias, preferencias e inclinaciones de todo género, se lee en el reporte.
El objetivo principal era la estructura política del PRI en el estado, delegados nacionales y dirigentes locales, líderes de sectores y organizaciones y la estructura operativa del precandidato de ese partido al gobierno, Roberto Borge Angulo y su equipo, cita Milenio.
En nivel similar era vigilado el gobernador Félix González Canto, su familia y colaboradores; funcionarios con injerencia en las elecciones del próximo 4 de julio y los ex precandidatos Carlos Joaquín González, Eduardo Espinoza Abuxapqui y Andrés Ruiz Morcillo, así como el precandidato del PRI a la alcaldía de Cozumel, Aurelio Joaquín González.
El viernes, el procurador Alor Quezada puso una denuncia ante el Ministerio Público Federal, en representación del gabinete estatal, en contra de quien resulte responsable, por delitos que ponen en riesgo la seguridad del estado. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
Entre las grabaciones telefónicas que el noticiario Enfoque Radio dio a conocer el fin de semana pasado, como parte de las conversaciones privadas que se obtuvieron desde uno de los dos centros de espionaje desmantelados por el Ejército Nacional -el miércoles pasado- figura una charla de Arroyo Marroquín.
“Por mi parte voy a poner una denuncia, claro. Esto no debe quedar impune, ni sólo como un hecho mediático, las autoridades tienen que ir hasta las últimas consecuencias. Es insólito que se vaya a quedar eso sin castigo”, expresó.
El activista consideró grave que se desarrollen actividades de espionaje dentro de la ciudad, y más aún que sean encabezadas y solapadas por autoridades municipales, como se presume luego de que versiones no oficiales indican que así lo informó a los militares que cateaban el lugar Manuel Vera Salinas, ex asesor del ayuntamiento de Benito Juárez en materia de seguridad pública.
“Utilizar dinero del erario para estas cosas sería doblemente grave, porque de algún lado tiene que salir ese dinero para pagar equipo tan costoso, porque ese equipo no es barato, es carísimo. Diez unidades de esas (escanners).
“Luego, para usar ese equipo se necesita de gente; entonces además de ser un atentado en contra de la ciudadanía, si se demuestra que efectivamente este lugar era operado por el gobierno municipal, es un doble crimen, porque se hace con recursos públicos para espiar y cometer un delito”, subrayó.
Durante los cateos realizados a dos domicilios en esta ciudad se encontraron digitalizadores, micrograbadores, scanners telefónicos y demás instrumentos de tecnología de origen israelí, para interceptar, escuchar y grabar llamadas de telefonía fija, celular y radio comunicación.
En los condominios Xcaret se encontró también una camioneta que servía como unidad móvil para presuntamente monitorear actividades y conversaciones -con radio de alcance de dos kilómetros- de figuras de la política, la iniciativa privada y el periodismo en esta ciudad.
El viernes pasado el ex presidente municipal, Carlos Cardín, fue de los primeros en adelantar que interpondría una denuncia por la violación a sus garantías constitucionales debido a que era también uno de los espiados, según una lista difundida en donde aparecen el gobernador Félix González Canto, secretarios de estado, líderes estatales de diferentes partidos políticos y directivos de medios impresos, así como conductores de noticieros radiofónicos.
El precandidato del Partido de la Revolución Democrático (PRD) a la gubernatura del estado, Gregorio Sánchez, ha expresado sus dudas acerca del origen de esas listas bajo el argumento de que el Ejército no da a conocer ese tipo de información, ni la filtra a los medios de comunicación. (Fuente: El Periódico)
