CHETUMAL, MX.- En dos ocasiones la Ley Antiaborto de Quintana Roo fue puesta a prueba y en las dos ocasiones ha “fracasado” como una normatividad de vanguardia, que para muchos es violatoria de los Derechos Humanos. Se buscará una reforma a la legislación apenas aprobada el año pasado para que se amplíe a 120 días el plazo para que una mujer pueda abortar en caso de violación.
CHETUMAL, MX.- Una menor de 10 años y una joven indígena de 22 han sido las primeras dos víctimas de la “Ley que protege la vida”. Una tendrá que vivir de por vida con un recuerdo que aún guarda en su vientre y la otra con la mala experiencia de pisar la cárcel por abortar accidentalmente.
La madrugada del pasado 12 de octubre una joven indígena de 22 años, Yasuri Isaac Nicté Mayorga, viajó desde la comunidad de Sabidos de este municipio hasta la capital del estado, para atenderse de urgencia en el Hospital General de Chetumal, por una hemorragia luego de perder a su hijo de seis meses de gestación.
Tras el hecho, la Secretaría de Salud dio parte de los hechos a las autoridades ministeriales y detuvieron a la joven indígena, con el argumento de aplicarle la reforma aprobada en abril pasado.
La joven (madre de un menor de año y medio y otro de cinco años de edad) fue recluida en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta ciudad. En un principio las autoridades de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) informaron que presumiblemente se trataba de un aborto provocado. El delito que se perseguía fue homicidio calificado y se sanciona hasta con 30 años de cárcel.
Yasuri fue liberada, al otorgársele el “perdón” porque luego de las pruebas ministeriales resultó un aborto accidental.
Hoy el caso se centra en una menor de 11 años a quien su padrastro, Isaac Santiago Martínez, violó desde enero del presente año y por tal motivo ya cuenta con 17 semanas de embarazo.
La madre de la menor acudió a la PGJE a denunciar el abuso del cual fue víctima su hija de 11 años (en ese momento contaba con 10) y que además ya contaba con cerca de 12 semanas de gestación.
La menor fue, quien tras tomarle su declaración, confirmó que había sido ultrajada por su padrastro en su casa, ubicada en la comunidad de Rovirosa de este municipio. Las autoridades locales al parecer no supieron cómo enfrentar la situación por lo delicado del asunto que se generó cierta confusión con respecto a que si podría abortar o no, de acuerdo al marco legal vigente. La Secretaría de Salud actuó tardíamente para emitir un diagnóstico y finalmente caducó el tiempo que establece el Código Penal para que la niña interrumpiera su embarazo, pues está en riesgo su vida.
Hoy la menor, al parecer ya entendió por la situación que atraviesa ya no hay oportunidad de que aborte, a menos de que esté en “peligro” la vida de ella, la del producto o la de ambos. La niña de 11 años tendrá que esperar hasta los nueve meses para tener a su bebé, pues así lo ha señalado la madre, aunque con ello esté en juego su vida.
El padrastro ya fue detenido y posiblemente sentenciado con la pena máxima, pero en tanto la niña cargará toda su vida con las secuelas de salud, psicológicas y sociales.(Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
El Congreso del estado aprobó, el 21 de abril del 2009 con 18 votos a favor y seis en contra, las reformas al artículo 13 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y modificaciones al Código Penal, también denominadas “la Ley de Protección a la Vida” o “Ley Antiaborto”, para proteger la vida desde el momento de su concepción.
Dicha iniciativa fue promovida por la diputada priísta, Laura Lynn Fernández Piña, quien fue criticada por diversos sectores sociales y diputados de oposición, quienes consideraron las reformas violatorias de los derechos humanos de las mujeres.
El artículo 13 de la Constitución local señala textualmente: “El estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley, y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley”.
De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Doceava Legislatura, las reformas realizadas al artículo 13 de la Constitución, están confusas.
“Son confusas porque dice que se protege a la vida desde la concepción, pero por otra parte señala excepciones”, comentó.
La confusión es porque en el Código Penal del Estado establece cuatro causales en las que se permite el aborto: cuando el embarazo sea producto de una violación, se denuncie ante el Ministerio Público del Fuero Común, y se practique hasta los primeros 90 días de la gestación; cuando el embarazo ponga en peligro la vida de la madre; cuando el producto padezca malformaciones congénitas; y cuando la gestación se haya producido con dolo, en perjuicio de una tercera persona.
Según la legisladora, Hadad Castillo, esa misma confusión ha provocado que las autoridades médicas y ministeriales tengan miedo de aplicar la legislación vigente, lo que ha traído falta de responsabilidad de los servidores públicos encargadas de la procuración de justicia y de los mismos galenos.
Destacó que se buscará consenso con las diferentes fracciones parlamentarias del estado para reformar esta ley. Dijo que entre otras cosas se podría modificar el plazo de 90 días a 120 días, es decir que haya un mayor plazo para que las mujeres tomen una decisión sobre su cuerpo.
El plazo de 120 días está permitido en la Ciudad de México y por cierto acaba de vencer para el caso de la menor de 11 años de la comunidad de Rovirosa, que según los estudios realizados en una clínica de la ciudad de Mérida Yucatán ya cuenta con 17 semanas de embarazo.
Hadad Castillo consideró que ampliar el periodo que establece el Código Penal Vigente, podría ser prudente porque “en el caso de la niña de 11 años (tenía 10 cuando se detectó su embarazo) la madre se dio cuenta del embarazo de su hija cuando se percató del crecimiento de su vientre”. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
