CANCÚN, MX.- Organizaciones ambientalistas a nivel nacional promovieron un recurso jurídico para impugnar la autorización de impacto ambiental que, ilegalmente, emitió la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la construcción del proyecto Punta Carey, a un costado del santuario de la tortuga marina de Xcacel-Xcacelito.
Greenpeace México, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA), Teyeliz y Defenders of Wildlife de México, informaron que la dependencia no sólo autorizó el proyecto, poniendo en riesgo el acuífero de la zona y los manglares, sino que también violentó sus propios lineamientos, que establecen que al haber sido objeto de una clausura, la evaluación del desarrollo debió ser desechada.
“La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat aprobó la manifestación de impacto ambiental el pasado 5 de marzo, a pesar de los problemas ambientales y legales, contraviniendo entre otras cosas los lineamientos firmados y obligatorios para DGIRA y Profepa”, expresó la presidenta de Gema, Aracely Domínguez, en un comunicado de prensa conjunto con las otras organizaciones.
La activista indicó que existen evidencias públicas del inicio de obra en el predio de ubicación, actividad sancionada por la Profepa, por lo cual la DGIRA estaba obligada a suspender el trámite de evaluación y luego a no aprobarlo.
“Punta Carey” consiste en la construcción y operación de un desarrollo turístico hotelero, la apertura de 1.4 hectáreas de canales en la zona de manglares, así como la inyección de 124 mil litros de aguas residuales tratadas que genere diariamente generará el complejo, en un predio que tiene una extensión de 26.05 hectáreas, localizadas al extremo norte del Santuario de la Tortuga Marina.
Las agrupaciones antes mencionadas manifestaron que el proyecto ha sido rechazado por científicos y por la sociedad civil organizada, debido a sus múltiples problemas ambientales: la amenaza para el bienestar de las colonias anidantes de tortuga verde (Chelonia mydas) y caguama (Caretta caretta), que son las más importantes del país, la amenaza para los manglares de la zona y también la afectación de los acuíferos, ya que incluye dinamitar el suelo para hacer canales.
En el texto se recuerda que el Senado de la República se opuso al proyecto y aprobó un punto de acuerdo el cinco de noviembre del 2009, mediante el cual se exhorta a la Semarnat que, atendiendo a las disposiciones jurídicas ambientales, se negase la autorización al Fideicomiso Empresarial Punta Carey, promovente del desarrollo.
Se cita también que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sancionó a dicho Fideicomiso con una multa de 14 mil 960 pesos, por haber deforestado -ilegalmente- mil 395 metros cuadrados de especies en riesgo como palma chit, nakax, mangle blanco, mangle rojo y vegetación correspondiente a tres ecosistemas, al haber delimitado su predio sin permiso.
Debido a lo anterior, las asociaciones ambientales presentaron el recurso de revisión por violación a distintos preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, así como de la Ley General de Vida Silvestre.
“Ya se va haciendo costumbre en esta administración la autorización de proyectos de forma ilegal dentro de áreas naturales protegidas.
“Claramente hay un doble discurso en el que se pregona la protección del medio ambiente, pero siempre se privilegia el interés económico por encima del ambiental. De nada sirven las áreas naturales protegidas si la Semarnat es la primera en violarlas” dijo Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.
Alejandro Olivera, coordinador de la campaña de Océanos y Costas de Greenpeace, declaró que el gobierno mexicano maneja un doble discurso, al refrendar en foros internacionales su presunta preocupación por el cambio climático, cuando al mismo tiempo aprueba proyectos que destruyen los ecosistemas costeros como los manglares, que son fundamentales para detener los efectos del calentamiento global.
“México forma parte de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas y tenemos una amplia legislación de protección para estos quelonios marinos que se encuentran en peligro de extinción.
“Sin embargo, son inútiles si la Semarnat los ignora y concede autorizaciones a proyectos depredadores del medio ambiente, especialmente dentro del hábitat más vulnerable que es la zona de anidación”, dijo María Elena Sánchez, presidenta de Teyeliz, A.C.
La abogada y representante regional del Cemda, Alejandra Serrano, agregó que la autorización ilegal de proyectos, les obliga a recurrir a los procesos legales para lograr revocarlos.
“Estos son procesos muy largos pero necesarios. Nunca no nos vamos a detener en la defensa del Santuario de la Tortuga Marina y de Xcacel, que son un baluarte del medio ambiente para la comunidad en Quintana Roo”, concluyó. (Fuente: El Periódico)
