CHETUMAL, MX.- El titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), Emiliano Novelo Rivero, reconoció que pese a las acciones que se han emprendido hasta el momento no se ha logrado recuperar o justificar recursos que supera los 300 millones de pesos correspondientes a diversas administraciones municipales.
En particular, apuntó que son las administraciones de Paulino Adame Torres ex presidente municipal de Isla Mujeres, de Juan Ignacio García Zalvidea en Benito Juárez y de Eliseo Bahena Adame en Felipe Carrillo Puerto los que presentan las mayores observaciones, aunque aclaró que no solamente estos funcionarios aparecen como responsables sino que también están señaladas algunas personas que fungían como directores de áreas en esos periodos de gobierno.
Por mencionar a uno de ellos, en el caso del ex presidente municipal de Carrillo Puerto cabe recordar que en su momento el que era el síndico municipal, Pablo Moo Falcón, solicitó un juicio político en contra del alcalde por supuesto enriquecimiento ilícito, lo cual no se pudo comprobar pero sí el desvío de recursos públicos, mismos que como el titular del Órgano Superior de Fiscalización, afirmó, no se han logrado recuperar.
Como otro ejemplo, Emiliano Novelo dijo que en el gobierno de Juan Ignacio García Zalvidea ex presidente municipal de Benito Juárez aún permanecen abiertos procedimientos en contra de varios funcionarios por 300 millones de pesos, sin embargo, dijo que basta que estas personas no se den por enteradas del procedimiento para tener que reiniciarlo lo que los hace largos e imposibles de finalizar.
“No se dan por enterados o notificados entonces hay que iniciar nuevamente el procedimiento porque la ley así lo dice, hay que darles el derecho de ser escuchados; todos los procedimientos están vigentes, todavía no hay presentadas denuncias porque son procedimientos largos”, indicó.
Por lo tanto, reconoció que se ha fracasado en el intento por lograr que esos recursos públicos sean devueltos o se tengan elementos necesarios para fincar responsabilidades, pues dijo que la ley da muchas ventajas a ex funcionarios que se escudan para no regresar o justificar el dinero a través de los procedimientos resarcitorios. (Fuente: El Periódico)
