Rechazan facilitar liberación de presuntos traficantes de cubanos

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CANCÚN, MX.- En actitud retadora y dispuesto a que se inicie cualquier tipo de averiguación previa en su contra, así se presentó ante los medios de comunicación el director de la cárcel de Cancún Jorge Mendoza Argüelles, acompañado del encargado del área jurídica del penal Juan Manuel Cortes Oil, la mañana de este viernes en las instalaciones del Centro de Control Cómputo y Comando (C-4).

No declaran cubanos

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Los integrantes de la mafia cubano-americana Hendy Castillo y/o Jesús Valdés Hernández de 31 años de edad; y Joel Júnior Casanova Matías y/o Juan Carlos Suárez Ramos de 42 años, se reservaron el derecho a declarar y solicitaron la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas, que vence el próximo 4 de noviembre; el secretario de Acuerdos permitió que en todo momento su abogada defensora entablara diálogo con los acusados ingresados de manera ilegal en el país.
Los mafiosos cubanos que están a disposición del Juzgado Primero de lo Penal de esta ciudad están relacionados por los delitos de falsificación de documentos, uso de documentos falsos, en su caso tarjetas bancarias clonadas, y ultrajes a la autoridad, relacionados en la causa penal 251/2010, mismos que fueron detenidos el pasado 26 de octubre a las 15:35 horas en el filtro policíaco en la entrada de la ciudad, luego de que en Tulum pagaran con una de las micas apócrifas medicamentos Cialis por mil 20 pesos.
En su declaración ministerial, los dos sujetos cuya residencia es en Miami, Florida, reconocieron como propio el vehículo marca Seat, tipo Ibiza, color gris, con placas XBV-57-14 de Tamaulipas, propiedad de un alto mando de la Policía Federal Preventiva (PFP), Enrique Garrido García, sin reporte de robo. Señálase en el mismo expediente que no tienen registro en Migración y se desconoce su legal estancia en el país.
Hendy Castillo y/o Jesús Valdés Hernández fue al primero que le leyó el secretario de Acuerdos, Luis Ernesto Gaouburel García, su declaración ministerial donde reconoce que llegó a Cancún el 12 de agosto pasado a pasar unas semanas con su amigo y compatriota Joel Júnior Casanova Matías y/o Juan Carlos Suárez Ramos, trayendo 6 mil 500 dólares para gastar.
Pero pasaron tres meses, la plata se le gastó y contactó a un amigo cubano en la Florida de nombre “Eduardo”, quien le dijo que la única forma en que lo podía ayudar era mandarle once tarjetas de crédito clonadas, dos a su nombre y tres a Jesús Valdés Hernández, paquete que llegó en un DVD a Migración unos días después.
Sin embargo, requería de una identificación oficial para identificarse cuando hiciera las compras con las tarjetas clonadas. Ahí, Joel Júnior Casanova Matías le dijo que en Santo Domingo en el Distrito Federal él podía conseguir una credencial del IFE (nada más le dio su foto) por sólo 500 pesos, ahora era Jesús Valdés Hernández, de paso él también sacó la suya a nombre de Juan Carlos Suárez Ramos.
Narran que fueron a Mérida donde compraron un televisor plasma por 6 mil 900 pesos y vendieron a un taxista por 4 mil pesos para hacerse de efectivo, misma operación efectuada en Cancún y en Tulum pasaron la tarjeta el 26 de octubre para comprar Cialis en una farmacia por mil 20 pesos, donde fueron sorprendidos y detenidos en esta cabecera municipal.
La situación fue similar en su declaración de Joel Júnior Casanova Matías y/o Juan Carlos Suárez Ramos, que fue el segundo al frente de las rejillas del Juzgado.
Hay que aclarar que el secretario de Acuerdos, Luis Ernesto Gaouburel García, en todo momento de la diligencia permitió que la abogada defensora, misma que obstaculizó el trabajo de los medios de comunicación al ponerse de espaldas a fin de cubrir a los cubanos, mantuviera diálogo abierto y permanente con éstos, cuando comúnmente no es así.
El Juez Primero de lo Penal, Nicolás Pinzón Avila, determinará el próximo jueves 4 de noviembre la situación jurídica de los integrantes de la mafia cubano-americana Hendy Castillo y/o Jesús Valdés Hernández, y Joel Júnior Casanova Matías y/o Juan Carlos Suárez Ramos, tras reservarse el derecho a declarar y solicitar la ampliación del término constitucional de 72 a 144 horas. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

Ambos funcionarios atribuyeron el garrafal error que provocó la liberación de la mujer de origen cubano Raquel Domas Madruga y el mexicano Ricardo García Montaño, al personal del Ministerio Público del Fuero Común de Playa del Carmen, por supuestamente haberles notificado demasiado tarde sobre el proceso legal que enfrentaban ambas personas, por el delito de ultrajes a la autoridad.
Dicha postura fue planteada por los dos directivos en una conferencia de prensa llevada a cabo en el C-4, sitio donde el primero en tomar la palabra fue el encargado del área jurídica Juan Manuel Cortés, quien al respecto explicó que todo se trató de “un mal entendido”.
El funcionario detalló, que tras la detención de la pareja registrada el pasado 22 de octubre junto con un tercer sujeto, ambos ingresaron a la cárcel dos días después, sin embargo, ese mismo día la defensa legal de la mujer pagó la fianza correspondiente por el delito de violación a la Ley de Armas de Fuego, hecho por el cual se puso en libertad.
De igual manera, ocurrió lo mismo al siguiente día con el hombre de origen mexicano y para ese entonces día 25, ambos se encontraban libres.
“Considero que ha sido mal entendido, la cuestión es que el día 24 de este mes ingresaron tres personas al penal, estas personas por el delito de posesión de arma. En el momento en que fueron puestos a disposición al juzgado de distrito en turno, mediante la averiguación previa que se dio en Cozumel, la policía judicial las ingresa al penal con el número de oficios legalmente privados de su libertad para que se les dé el proceso.
El día 24 en la noche llegó la libertad de uno de estos inculpados a la señora Rachel Damas Madruga, hasta ese momento llegó su libertad y nosotros no tenemos conocimiento de que haya sido puesta a disposición de otra autoridad del Juzgado del Distrito. No hay ningún oficio de que llegue a Oficialía de Partes o algún funcionario legal de la cárcel que ponga a disposición en un Juzgado Penal.
Por lo tanto si en el expediente no aparece una puesta a disposición, en nuestra base de datos electrónica tampoco aparece entonces lo que procede es darle la libertad por orden del mismo juez quien señala se les dé su libertad, posteriormente el día 25, igualmente a las 20:50 horas le dan la libertad a Ricardo García Montaño de igual manera se checa la situación de esta persona en la base de datos y no hay documento que diga que está puesto a disposición a otra autoridad y también se le da la libertad”, explicó.
Finalmente, Cortés Oil señaló que fue hasta el día 26 cuando el Juzgado Primero de lo Penal, les informó que la pareja se encontraba sujeta a proceso por el delito de ultrajes, pero para ese entonces ya se encontraban libres.
Al respecto, mencionó que cuando personal de la Policía Judicial, ingresa a personas detenidas a la cárcel, el ministerio público envía un oficio en donde se detalla los diferentes procesos que enfrentan, sin embargo, en esta ocasión no ocurrió.
“Toda persona que entra a la cárcel viene acompañado de un oficio de puesta a disposición cuando esta persona viene con un proceso por otro juzgado ya sea por policía judicial o un ministerio público tiene que informar a la cárcel que toda vez que la persona que ingresó tiene otro proceso penal se deja a disposición del otro juzgado”, dijo.
Finalmente, sobre toda esta situación Jorge Mendoza Argüelles director del penal, se limitó a mencionar que se encuentra dispuesto a que se inicie una averiguación en su contra por este hecho, pues señaló que cuenta con las pruebas necesarias para demostrar que la falla no se registró con el personal de la cárcel.
Asimismo, apuntó que la actuación del personal carcelario fue realizada apegada a derecho, pues explicó que de no haber soltado a la pareja cuando el juez de distrito lo requirió, estaría incurriendo en el delito de privación ilegal de la libertad, pues para ese entonces desconocían que existiera otro proceso legal en su contra. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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