PUERTO MORELOS, MX.- La Controversia Constitucional impulsada por el gobierno mexicano para reclamar la invasión de facultades del gobierno municipal en el Parque Nacional Tulum (PNT), a través del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum, lo que incluye la discusión de si esa área natural protegida expropiada por decreto presidencial, es o no propiedad de la nación, fue atraída por el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJN).
El titular de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Luis Fueyo, informó lo anterior, al ser entrevistado en el marco de la Conferencia Iberoamericana de Reservas de la Biosfera 2010, que inició el martes en un hotel de Puerto Morelos y culmina el próximo viernes.
“El asunto está siendo revisado en la Corte; la última decisión que tomó una de las mesas fue que el asunto será discutido por el pleno y nosotros haremos valer los principios ambientales que han regido la declaratoria del Parque Tulum”, expresó.
Fueyo Mc Donald explicó que el pleno atrajo el tema porque generará jurisprudencia.
“Generalmente, cuando se discute algún tema dentro de las mesas de la Corte, cuando se va a generar una jurisprudencia que opera no solamente para una parte del territorio, los ministros de la Corte deciden hacerlo mejor, en pleno, para que se adopte un criterio que no sólo se aplicará en una parte del territorio, sino que puede ser referente nacional”, dijo.
La medida podría retrasar aún más la resolución del caso, que inició el 29 de mayo del 2008, cuando la Corte dio entrada a la solicitud de Controversia Constitucional, turnada por el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rafael Elvira Quesada, y concedió la suspensión de la aplicación del Programa de Desarrollo Urbano de Tulum (PDDU), en tanto se resolvía dicha controversia.
La petición recibió el número de expediente 00072/2008 y Sergio Valls Hernández quedó a cargo del caso en calidad de ministro instructor.
Originalmente la controversia fue promovida en contra del gobierno municipal de Solidaridad, debido a que Tulum formaba parte de su jurisdicción; tiempo después Tulum se convirtió en el noveno municipio, por lo que se hizo cargo de la defensa de su PDDU.
El antecedente
Mediante un decreto presidencial, que data de 1981, la federación expropió a su favor 664 hectáreas de terrenos costeros ubicados en Tulum, para darles la máxima categoría de protección ecológica que otorga la ley, es decir, la de Parque Nacional, que no admite la construcción de inmuebles, ni de desarrollos turísticos.
En 1983, dicho decreto se reforzó y, años más tarde, se publicó uno más, que lo designa como Zona de Monumentos Arqueológicos de Tulum-Tankah, que hace crecer la superficie a 692 hectáreas.
El PDDU de Tulum, que entró en proceso de actualización en el 2002, además de abarcar al área natural protegida, le cambió la categoría asignándole el nivel de “parque natural”, desconociendo que es un Parque Nacional carente de densidades y parámetros urbanos.
El incluir el polígono en la mancha urbana, es decir, dentro del PDDU, tuvo como finalidad el permitir la construcción de más de cinco mil cuartos en una zona cercana a vestigios arqueológicos milenarios e invaluables, de exuberante vegetación de selva y manglares, por debajo de la cual corre la red de ríos subterráneos más grande del mundo.
“Estamos seguros de que, en primer lugar, se hará prevalecer el interés público; en segundo lugar, que se hará reconocer los intereses ambientales, que los problemas ambientales atañen a toda la nación, y que su solución debe prevalecer sobre cualquier interés privado y estamos totalmente seguros de que el tema ambiental prevalecerá sobre cualquier otro criterio de interés particular”, subrayó. (Fuente: El Periódico)
