CANCÚN, MX.- La sentencia que el grupo de los 62 policías presentaron el pasado lunes 15 ante los medios de comunicación no es reconocida por el Jurídico del Ayuntamiento de Benito Juárez.
CANCÚN, MX.- Los 62 ex policías que ganaron el juicio en contra del ayuntamiento por despido injustificado han iniciado un plantón en la Plaza de la Reforma y ahí estarán hasta el próximo miércoles cuando esperan volverse a entrevistar con el director jurídico del ayuntamiento, Arturo Altamirano Hurley.
Los afectados que por la mañana de ayer estuvieron acompañados de su abogado, Daniel Morcillo, en la plática con el representante legal del ayuntamiento se les indicó que las autoridades no han sido notificados de la resolución de la Sala Constitucional Administrativa del Tribunal Superior de Justicia, en la que les han dado la razón a los ex policías y demandan ahora el pago de unos 25 millones de pesos.
Aunque sí saben que hubo un despido injustificado por parte de las autoridades y saben que ya no hay ninguna otra instancia a la que puedan recurrir.
Y por ello se les ha citado para el próximo miércoles para que se haga la cuantificación del adeudo de cada uno de ellos, ya que pedirán a la Tesorería que les haga esta evaluación de lo que le corresponde a cada uno de los elementos de seguridad.
Pero en tanto que reciben una respuesta por parte de las autoridades, los ex empleados de Seguridad Pública ya se han plantado en la Plaza de la Reforma y prometen estar ahí hasta que les resuelvan lo de su pago.
Los ex elementos de Seguridad Pública indicaron que desean que el tema de su liquidación se resuelva antes de concluir el año y es que no desean pasar una triste Navidad, tal como les pasó hace un año, por lo que ahora desean que les resuelvan.
Cabe indicar que fue el pasado lunes que los 62 ex trabajadores se presentaron al palacio municipal para hacer del conocimiento de los medios que desde el pasado 8 de noviembre la Sala ya había resuelto su demanda y les estaba dando la razón sobre que fueron despedidos de manera injusta.
Indicaron que debido a que a ellos se les notificó desde la semana pasada, esperan que se haga lo mismo con las autoridades y se les resuelva lo más pronto posible, y esto se debe hacer en una sola exhibición.
Pero a los ex elementos de seguridad les preocupa es que el director jurídico del ayuntamiento les haya dicho que fueron despedidos por tener problemas de narcotráfico, sin embargo, descartaron que esto haya sido así y aclararon que no tienen tres o cuatro años trabajando en Seguridad Pública, sino hasta unos 25 años.
Y aclararon que los malos elementos son los que están dentro de la corporación y son a los que no corren, por lo que quieren que también los saquen del llamado Plan México, en donde se les ha puesto por ser elementos corruptos, lo cual desmintieron.
Por ahora, estos elementos siguen peleando porque se les pague conforme marca la ley y se han instalado en la Plaza de la Reforma para poder obtener una respuesta de las autoridades municipales y si les han dicho que les recibirán el miércoles, ahí permanecerán hasta ese día y hasta recibir una respuesta. (Fuente: El Periódico)
En la lista de estrados de la Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (SCA) no aparece dicho fallo que supuestamente obliga al municipio a pagar 25 millones de pesos a los uniformados, pero en su lugar bajo el número de expediente S.C.A/A/192/2009 que tiene de fecha 24 de junio de este año se detalla el proceso que se llevado desde ese año, en el que se condena al secretario de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos a realizar las diligencias conducentes para proceder al pago de indemnización constitucional y demás prestaciones.
El documento carecía de número de expediente, además de que la SCA sentenciaba al secretario de Seguridad Pública del Estado y no de este municipio, según una fotografía tomada al documento.
Al platicar con algunos de los ex policías que acudieron la mañana de ayer a la Dirección de Asuntos Jurídicos, acompañados por Daniel Rosillo Herrera, representante legal de los demandantes, para exigir que se les liquide, éstos comentaron que dentro de los conceptos que se les pagará se manejan salarios caídos.
En la sentencia que la SCA emite no se contempla los salarios caídos, sólo las prestaciones a las que tienen derechos los trabajadores, además de que se tiene que hacer el cálculo de lo que le corresponde a cada persona como concepto de liquidación.
Arturo Altamirano Hurley, director del Jurídico municipal, indicó que el cálculo jamás se da a conocer por parte de la SCA, por lo que aseguró no saber dónde se indica que son 25 millones de pesos de pago.
Los policías señalan que una mayoría busca la reinstalación, pero ésta es constitucionalmente imposible, según el artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Carta Magna.
Altamirano Hurley explicó que el municipio tiene que hacer el cálculo de las prestaciones a las que tienen derecho cada trabajador dentro de los 10 días hábiles luego de la notificación.
Rosillo Herrera aclaró que “cada mes que pase sin contestación, el Ayuntamiento (de Benito Juárez) le va a costar de millón a millón y medio de pesos por todos los salarios caídos”. Agregó que el pago tendrá que ser inmediato y en una sola exhibición.
Informó que el próximo miércoles se hará la cuantificación de cada uno de los policías, la cual se tiene que consensar entre los ex uniformados, el jurídico del Ayuntamiento y los representantes legales.
“El jurídico (del Ayuntamiento) maneja que no le han notificado, de que saben que hay una deuda, de que sabe que perdieron y que ahora ya están condenados, lo saben. Fue un despido injustificado y a consecuencia se tiene que hacer el pago”, comentó.
Dijo que la intensión es que se efectúe el pago lo antes posible porque no queremos que se pague mes con mes, al Ayuntamiento no le conviene”.
“Si el Ayuntamiento no cumple con su obligación en su momento procesal oportuno se van a embargar las cuentas”, aseguró.
Altamirano Hurley sostuvo que el Ayuntamiento de Benito Juárez pagará lo que la SCA le ponga como sentencia. Aceptó que efectivamente ese fue un despido injustificado por lo que se tiene que proceder al cubrir el total de las indemnizaciones.
“Nosotros lo informamos en su momento que fue un despido injustificado porque no había elementos para hacerlo”, dijo.
El presidente municipal, Jaime Hernández Zaragoza sostuvo que pagarán las liquidaciones de los despidos injustificados.
La dependencia que tiene el caso de los despidos injustificados en la corporación policiaca es la Dirección del Departamento Jurídico de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública.
Los 62 policías durante el mando del general Urbano Pérez Bañuelos fueron despedidos por el concepto de pérdidas de confianza y otros más por realizar una manifestación masiva a las afueras de las instalaciones de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, en octubre de 2009. (Fuente: SIPSE/Novedades de Quintana Roo)
