CANCÚN, MX.- Ser mujer y ser indígena es prácticamente lo que mantiene en la cárcel a Basilia Ucán Nah, mujer maya sentenciada a más de 12 años de prisión, señalaron las organizaciones Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en voz de Jorge Fernández y Jaqueline Sáez, quienes exigieron este miércoles la liberación de Basilia Nah.
CHETUMAL, MX.- El gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, dijo hoy que por la mañana estuvo en contacto con el procurador del estado para conocer detalles del caso de Basilia Ucán Nah, mujer indígena maya detenida en la cárcel de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, acusada de corrupción de menores y lenocinio que fue sentenciada a 12 años, tres meses de prisión.
Luego de que los abogados Jacqueline Sáenz y Jorge Fernández dieran a conocer a los medios nuevos detalles del caso que se encuentra en proceso de apelación.
Jacqueline Sáenz y Jorge Fernández, abogados representantes del Centro de Derechos Humanos y de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos respectivamente, han asumido la defensa de Basilia, quien no habla español.
De acuerdo a los abogados, en 2008 Basilia fue engañada por las autoridades, que primero la subieron a una patrulla para llevarla a aclarar un tema en el MP, ahí ella dijo no conocer a las menores y no aceptó hecho alguno constitutivo de delito; las autoridades le pidieron que firmara su declaración, como no sabe escribir le solicitaron su huella digital y algunos meses después la detuvieron y la llevaron ante un juez. Acto seguido, la sentencia.
Basilia ha apelado, con el apoyo jurídico de Indignación y el Centro Prodh, la sentencia condenatoria que fue emitida por el juez de la causa y el caso ahora se encuentra en apelación. Los abogados han manifestado que esperan que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, tome en consideración las violaciones cometidas en perjuicio de Basilia, reconozca la inexistencia de elementos y dicte su inmediata e incondicional libertad. (Fuente: Excélsior)
Condenada a más de 12 años de prisión, la indígena maya, que no habla español y es analfabeta, permanece en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto desde casi ya tres años, acusada de corrupción de menores y lenocinio.
Sin pruebas y sin testimonio de las agraviadas fue condenada
Sin las garantías mínimas, la declaración de la detenida se llevó en ausencia de abogado o persona de su confianza, y sin que le fuera leído el contenido de la averiguación, que además se encontraba en español, y sólo le pidieron que estampara su huella dactilar.
Los defensores de los derechos humanos recordaron que fue en marzo del 2007 cuando se inició una investigación con base en una denuncia anónima, donde se señalaba la corrupción de dos mujeres menores de edad, por lo que se inició la averiguación previa, en la cual, en principio, también se refirió la participación de funcionarios y policías municipales en la comisión de los delitos, sin embargo, el Ministerio Público presionó a las víctimas y manipuló testimonios para terminar inculpando sólo a Basilia Nah.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público fueron recabadas de manera ilegal, y las supuestas agraviadas nunca hicieron un señalamiento directo contra la detenida, por el contrario, se retractaron de sus declaraciones y dijeron haber sido presionadas por las autoridades para firmar las declaraciones que desconocían. Por su parte, en su declaración ministerial, que fue utilizada como confesión, la indígena presa refiere no conocer a las menores.
A pesar de todo ello, el juez penal de primera instancia de Carrillo Puerto, Ramón Jesús Aldaz, sentenció a la mujer a 12 años tres meses, pese a que se trataba de pruebas falsas y a que se aportaron pruebas de descargo.
Actualmente el caso de Basilia Nah está en proceso de apelación, ya se presentaron los agravios y ayer hubo audiencia pública de vista, con lo que el magistrado podrá dictar sentencia.
Igualmente, los defensores de derechos humanos esperan que este jueves sean recibidos por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizbeth Loy Song Encalada, para tratar el caso.
Justicia dispareja
Los representantes de las ONG’s consideraron que en este caso hay una doble discriminación, el de ser indígena y ser mujer. Igualmente, resaltaron que aún y cuando en la denuncia y de acuerdo a los elementos que se fueron aportando, se puso en evidencia la participación de funcionarios y policías municipales en la corrupción de menores, el ministerio público no inició ninguna investigación, y prefirió cerrar el caso con la detención de la mujer indígena.
Con ello se confirma que el actual sistema de justicia penal es incapaz de realizar investigaciones de calidad que permitan disminuir el índice de impunidad que afecta a la sociedad y menos aún puede garantizar que toda persona sometida a un procedimiento penal, cuente con las mínimas garantías establecidas en la Constitución. (Noticaribe)
