MÉXICO.- Organizaciones civiles exigieron al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo ordene la liberación de la indígena maya Basilia Ucán Nah, quien este viernes 18 cumplió tres años presa en el penal de Felipe Carrillo Puerto, acusada de un delito que no cometió, reportó el semanario Proceso en su versión en internet.
Basilia Ucán, a quien asesoran legalmente los centros Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) e Indignación, Promoción y Defensa de Derechos Humanos (Indignación), fue sentenciada a 12 años de prisión acusada de lenocinio y corrupción de menores en un proceso plagado de irregularidades.
Apenas el 8 de marzo pasado Basilia Ucán recibió la visita del representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, y ahora la indígena maya aguarda respuesta a la apelación que interpuso su defensa contra la sentencia.
El Centro Prodh e Indignación señalaron, en un comunicado, que “el proceso seguido a Basilia es muestra palpable de cómo el sistema de procuración y administración de justicia se aprovecha de la vulnerabilidad social y económica de las mujeres indígenas para fabricar culpables y dar una imagen de que las autoridades actúan frente a la delincuencia”.
Peor aún, las ONG denunciaron que después de la visita del representante de la OACNUDH, quien constató las irregularidades del caso, la Procuraduría quintanarroense dio paso a un “hostigamiento” orientado a que Ucán sean condenada.
Para alcanzar ese fin, apuntan, la Subprocuradoría de Justicia de la Zona Maya presionó a una vecina de Basilia para que declarara en contra de ella.
Según la defensa de la indígena maya, entre las irregularidades cometidas por el juez de la causa para condenar a la mujer destacan la convalidación de pruebas obtenidas de manera ilegal por el Ministerio Público.
Asimismo, las presuntas agraviadas no señalaron a Basilea como responsable y, en cambio, acusaron a las autoridades de presionarlas para declarasen en su contra; además, la inculpada no fue asistida por un abogado cuando fue presentada ante el MP y, finalmente, nunca admitió haber cometido un delito en contra de menores.
Por esas razones, el Centro Prodh e Indignación exigieron a las autoridades “que se investiguen los hechos y se sancione a los responsables, buscando con ello el cese de hostigamientos tanto a Basilia como a cualquier otra persona que pudiera tener contacto con ella”, incluidos los testigos del caso.
Y destacaron que recientemente Amnistía Internacional (AI) emitió un alerta, en tanto que la Organización Mundial contra la Tortura (OMT) exigió se hiciera efectivo el principio de presunción de inocencia en el caso de Ucán Nah.
En vísperas de que la Sala Penal emita su respuesta a la petición de Basilea Ucán, consignada en la toca 428/2010, las ONG señalaron que se debe “actuar con total independencia e imparcialidad y hacer efectivo el derecho de presunción de inocencia, pues es evidente la ausencia de pruebas y la fabricación de delitos”.
Y consideraron que los jueces tienen elementos suficientes para emitir “un fallo garante de los derechos humano de Basilia que le otorgue su inmediata y absoluta libertad”. (Fuente: Proceso)
