CHETUMAL, MX.- Desempolvando un decreto de 1988, el gobierno de Roberto Borge, a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), inició desde hace algunas semana el cobro especial por transporte de carga particular en Quintana Roo, a empresas a las que les pide un promedio de 8 mil pesos anuales por unidad como parte de un derecho que nunca se había cobrado.
De acuerdo con información que ha empezado a circular en el sector, para realizar este cobro en momentos en que el Gobierno del estado busca opciones para suplir la pérdida de 400 millones de pesos que dejará de recibir a partir del 2012 por concepto de la eliminación de la tenencia vehicular, se recurrió al “Decreto por el que se fijan las modalidades para la prestación de los servicios de transporte de carga y pasajeros en el estado de Quintana Roo”.
Este decreto, coincidentemente, fue expedido hace 23 años, el 24 de noviembre de 1998, por el gobernador Miguel Borge Martín, tío del actual gobernador Roberto Borge Ángulo, pero nunca se había usado para establecer un nuevo cobro por unidades de carga.
Sin embargo, desde hace aproximadamente un mes, se reportó que patrullas de Sintra comenzaron a detener vehículos de carga particular (mueblerías, refresquerías, supermercados, etc), para hacerles saber la obligación que tenían de pagar este nuevo derecho para que pudieran seguir operando, afectando tanto a empresas grandes como pequeñas.
Entre las empresas afectadas se encuentran Pepsi, Cocacola, Sabritas, Cristal, Electropura, y todas las abarroteras, más camiones de empresas particulares, sólo por dar una idea del tamaño de la embestida de Sintra contra los transportistas.
Por supuesto, como este nuevo derecho se empezó a cobrar de manera tardía, se hizo un “ajuste” para que los transportistas pagaran menos porque ya casi se termina el año, pero para el próximo año ya se les advirtió que tendrá que pagar los 8 mil pesos en promedio por unidad o de lo contrario no podrán trabajar.
Para hacerles ver que la medida iba en serio, muchos de los transportistas que se mostraban renuentes a pagar el nuevo derecho, terminaron con sus unidades en el corralón, se nos informó.
Segun el Decreto, en su artículo sexto, las empresas sólo pueden emplacar un vehículo para transporte de carga.
El Decreto no especifica el monto del cobro por las autorizaciones de emplacamiento de la Secretaría de Transporte por las unidades registradas de las diferentes empresas del ramo.
Esta información trasciende en momentos en que se dio a conocer que el Gobernador Roberto Borge ingreso al Congreso una iniciativa para concesionar 12 centros de verificación vehicular mediante el cual se empezarían a cobrar un nuevo derecho a los automovilistas, lo que fue interpretado como otra medida para recaudar fondos ante la pérdida que les representará el dejar de percibir los 400 millones de la tenencia vehicular. (Noticaribe)
