CANCÚN, MX.- Ante la negativa o resistencia que existe actualmente de parte del municipio de Benito Juárez para continuar con la entrega de información al Comité Ciudadano para el esclarecimiento de los financiamientos, los integrantes analizan recurrir a la justicia federal por medio de un amparo, ya que con este mecanismo pueden acceder y obtener lo que necesitan para esclarecer el destino de 162.5 millones de pesos del crédito que obtuvo la comuna de 229 millones de pesos para obra pública.
Maximiliano Vega Tato, quien preside el Comité afirmó que están analizando recurrir al amparo federal, debido a que no han asistido al órgano de acceso a la información local, ya que no han tenido una negativa por escrito de la autoridad municipal sobre la información que solicitaron.
Destacó que el pasado 24 de enero solicitaron por escrito a la comuna a través de un oficio que enviaron al presidente municipal quien después de ofrecer todas las facilidades en primera instancia y colaboración con el comité, ahora no ha respondido ni entregado los estados de cuenta de los 12 meses de 2010 de las cuentas bancarias.
El comité también solicitó copias de las actas de entrega-recepción de las administraciones de Francisco Alor a Gregorio Sánchez Martínez, de Sánchez Martínez a Latifa Muza Simón, de Muza Simón a Jaime Hernández Zaragoza y de este último a Julián Ricalde, por lo que de no tener una respuesta en breve recurrirían al amparo.
Recordó de igual forma que después de una revisión a fondo identificaron que no son 229 millones de pesos que se desconoce su destino, sino 162.5 millones de pesos y que dichos recursos fueron trasferidos a una cuenta de gasto corriente del ayuntamiento durante el periodo que estuvo Latifa Muza Simón al frente de la administración y que la ex diputada de la Comisión de Hacienda, Laura Fernández Piña, también deberá dar una explicación a la ciudadanía, toda vez que su responsabilidad era supervisar en dónde se estaba aplicando el dinero.
Por su parte Raúl Arjona Burgos, hizo un llamado al presidente municipal, Julián Ricalde Magaña, a la síndico municipal Guadalupe Leal y a la contralora Reyna Arceo, para que esclarezcan la situación económica al ser las personas indicadas para ofrecer la información y los detalles del crédito de 229 millones de pesos que adquirió la comuna en su momento.
Se explicó que para el manejo de este crédito el ayuntamiento utilizó cuatro cuentas bancarias, 0638275250 a nombre del municipio en Banorte para depositar el empréstito solicitado para obra pública; 4043847938 de HSBC, para emitir cheques para el pago de anticipos, estimaciones y finiquitos de obras; además de un contrato de inversión 6330025597, para los fondos en tanto se ejecutaba la obra y el 4041784919 destinada para ingresos y gasto corriente.
Respecto al tema de la redistritación que fue revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los actores políticos coincidieron que es extraño y que esperan que no tenga grandes repercusiones, aunque es un asunto que atenta la credibilidad en las instituciones y en el mismo proceso, y puede desalentar la participación ciudadana y que sin duda esta situación beneficia al Partido Revolucionario Institucional. (Fuente: El Periódico)
EL FALTANTE, DE 162 MILLONES DE PESOS
Son 162.5 millones de pesos el faltante del crédito por 229.6 millones de pesos y ocurrió durante la administración de la alcaldesa Latifa Muza Simón y la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Laura Fernández Piña, informaron ayer Max Vega Tato, Raúl Arjona Burgos y José Luis García Zalvidea, miembros del Comité de Esclarecimiento de los Financiamientos al Ayuntamiento Benito Juárez, al dar a conocer los avances de las investigaciones.
En conferencia de prensa dijeron que el monto mencionado no se aplicó para obra pública, como establece el decreto, sino para ingresos y gasto corriente, lo cual constituye el delito de peculado.
Relataron que el dinero se retiró cuando fungió Latifa Muza Simón como encargada del despacho de la presidencia municipal, luego de que Gregorio Sánchez Martínez solicitó licencia para contender por la gubernatura, y además en ese entonces la presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Laura Fernández Piña, debió supervisar por mandato legal la aplicación mensual del dinero.
También advirtieron que el actual presidente municipal Julián Ricalde Magaña, en una reunión celebrada el año pasado, mostró plena disposición para cooperar y aportar información, pero después no cumplió y, por tanto, se le dirigió una carta con preguntas específicas, y de no responder se recurrirá al amparo y al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo).
A continuación el informe íntegro del comité:
Primero: Ha quedado esclarecido que no son 229.6 millones de pesos los fondos del crédito de Banorte cuyo destino se desconoce, sino 162.5 millones de pesos:
Monto del crédito de Banorte 229.6 MDP
Costo de la apertura en Banorte 6.4 MDP
Diversos pagos por anticipos para obra pública 60.7 MDP
Monto por esclarecer 162 .5 MDP
Insistir en la cifra de 229.6 millones de pesos como la cantidad “desaparecida” es impertinente.
Segundo: Ha quedado esclarecido que en el proceso del manejo de este crédito se utilizaron primariamente cuatro cuentas bancarias, a saber:
1).-Cuenta número 0638275250 de Banorte a nombre del ayuntamiento abierta para depositar el crédito.
2).-Cuenta número 4043847938 de HSBC a nombre del municipio, destinada a emitir los cheques para pagos de anticipos, estimaciones y finiquitos de obras públicas.
3).- Contrato de inversión número 6330025597 de HSBC a nombre del municipio celebrado para no tener ocioso los fondos del crédito mientras se ejecutaban las obras contratadas.
4).- Cuenta número 4041784919 de HSBC a nombre del ayuntamiento, destinada a ingresos y gasto corriente.
Tercero: Ha quedado esclarecido que en vez de ir retirando del contrato de inversión 6330025597 las cantidades necesarias para anticipos y pagos por obra pública y depositando esos retiros en la cuenta 4043847938 para pagos por obra pública, el saldo de ese contrato de inversión se depositó indebidamente en la cuenta 4041784919 destinada a ingresos y gasto corriente de la comuna.
El actual presidente municipal lo denunció así en un desplegado del siete de noviembre de 2011 en un periódico local, y también quedó esclarecido que aunque en dicho desplegado de prensa anunció que estaban en curso auditorías para determinar la magnitud de la irregularidad, ha pasado un año y dos meses sin haber fincado las responsabilidades a que aludió en el propio desplegado.
Cuarto: Ha quedado esclarecido que esos movimientos bancarios, relativos a este crédito de Banorte para obra pública que fueron a parar a la cuenta de operaciones corrientes fueron realizados durante el período en el que Latifa Muza Simón fungió como presidenta municipal y Laura Fernández Piña como responsable de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XII Legislatura del Congreso del Estado, encargada de la supervisión mensual del uso y la disposición de esos fondos, misma que no se realizó acorde con la ley.
Quinto: Ante el cambio del actual alcalde que al principio se mostró muy abierto y dispuesto al diálogo y ahora no ha contestado nuestros llamados y mensajes para concertar encuentros con él o con la persona que designe, que permitan avanzar, procedimos a dirigirle una atenta petición de documentación, dado que bajo su cargo están las cuentas y la facultad de pedir duplicados a los bancos por lo que, de no prosperar en su plazo, nos hará valorar si es ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo (Itaipqroo) o ante la justicia federal vía amparo, ante quien insistiremos en nuestra petición, que es apegada a derecho. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
