“Educación es lo que queda después de olvidar lo que se ha aprendido en la escuela”. Albert Einstein
Para la mayoría de las personas viviendo en este nuestro mundo occidental, queda absolutamente claro que para vivir –y en ocasiones sobrevivir- en esta competida y frenética sociedad moderna, tan falta de solidaridad, se requieren competencias y habilidades que se adquieren –casi exclusivamente- a través del sector educativo. Por esta razón, muchas familias se preocupan porque sus hijos o tutorados acudan a las mejores escuelas por lo que también adquiere relevancia la discusión sobre la calidad de las instituciones responsables de proveer este servicio tan caro (en el sentido de tan estimado) para la sociedad.
Estamos hoy en los albores de otra gran reforma educativa que pretende ir perfeccionando los derechos que hemos adquirido los mexicanos en este materia sustantiva. Reformas anteriores (1992) han propiciado una mayor participación de los Estados de la Federación en la administración y operación de la educación básica y normal; otras (1993) establecieron la obligación para el Estado Mexicano de brindar educación preescolar, primaria y secundaria a todos los niños en edad correspondiente, y más recientemente (2012) se estableció también la obligatoriedad de proporcionar educación media superior. De este modo, ha adquirido rango constitucional el derecho de recibir educación desde preescolar hasta bachillerato -¡13 años de escolaridad!-, aunque en este último nivel se establecieron plazos para que progresivamente se vaya alcanzando la cobertura universal. Cabe señalar que otra cosa, muy diferente, es comprobar si el Estado Mexicano ha logrado cumplir con esta obligación adquirida. Pero eso es letra de otro libro, para no decir harina de otro costal.
La reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto pone el acento ahora en el imperativo de la calidad, y en el reconocimiento “que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes y que el liderazgo de quienes desempeñan funciones de dirección y supervisión resulta determinante”. De allí que, agrega el presidente en la iniciativa que envió al Congreso de la Unión, “la creación de un servicio profesional docente es necesaria mediante una reforma constitucional”, así como también fortalecer los esfuerzos en materia de evaluación para que a través de una instancia experta que asuma un papel claro como órgano normativo nacional, se “ofrezca información confiable y socialmente pertinente sobre la medición y evaluación de alumnos, maestros, escuelas, directores y servicios educativos”, instancia que por su trascendencia e importancia debe contar con autonomía técnica y de gestión. El gran propósito de esta reforma es “conciliar la exigencia de la sociedad por el buen desempeño de los maestros, con el justo reclamo del magisterio y de la sociedad que exigen la dignificación de la profesión docente: la creación de un servicio profesional docente responde a esta exigencia”.
Esta reforma constitucional en materia educativa ha quedado ya completa al cumplirse el requisito de la aprobación por parte del Congreso de la Unión y de las legislaturas estatales. El H. Congreso de Quintana Roo recién acaba de sumarse a la aprobación de la reforma, y solamente falta que el Titular del Ejecutivo Federal ordene su publicación en el Diario Oficial para que adquiera vigencia y consecuencias legales, y que posteriormente se expidan las reformas a la Ley General de Educación y las correspondientes para el Sistema Nacional de Evaluación que dotará de autonomía técnica y de gestión al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. De este modo, el Estado recupera -en la letra de la ley- la facultad de designar docentes, directores y supervisores en las escuelas, así como removerlos cuando las evaluaciones lo determinen.
El establecimiento del servicio profesional docente es una clara señal de la importancia que concede el Gobierno Federal a los procesos de ingreso, promoción y permanencia en la educación básica y media superior que imparta el Estado, “mediante mecanismos que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades necesarias de quien aspira o se encuentra dentro del servicio”. Por tanto, considero que este énfasis en impulsar el servicio civil en la educación, que con seguridad enfrentará una férrea resistencia de la organización sindical que se había apropiado de las plazas y las promociones, es un mensaje para revisar, actualizar y en su caso reformar las Leyes del Servicio Profesional de Carrera para el Sector Público (entiéndase Gobiernos Estatales y Municipales), a efectos de darles vigencia y sustancia y evitar que sigan como letra muerta en ese gran panteón de las política públicas que se olvidaron por afectar intereses de grupos, decisiones discrecionales y clientelares. Habrá pues que seguir de cerca la fase de implementación de esta reforma educativa y apoyar, en la medida de nuestras posibilidades, el éxito de la misma y de sus efectos colaterales.
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