Acude pareja lesbiana al Congreso para pedir aval para casarse en Tulum

CHETUMAL, MX.- Airali Fuentes Martínez y Molly Ann Sturdevant, una mujer mexi­ca­na y la otra de ori­gen esta­dou­ni­den­se, se pre­sen­ta­ron al Congreso del Estado a soli­ci­tar la inter­ven­ción de la Co­misión de Equidad y Género que enca­be­za la dipu­ta­da Yolanda Gar­m­endia, dado que la direc­to­ra del Re­g­istro Civil de Tulum, Abigail del Ro­sario Balan Hau, no ha otor­ga­do la auto­ri­za­ción para que las fémi­nas pu­e­dan con­traer matri­mo­nio aún cu­­­­an­do esto no con­tra­di­ce el Código Civil del Estado.

Fundamentadas en que el Código Civil del Estado no recha­za el dere­cho de las per­so­nas del mismo sexo a con­traer matri­mo­nio, ambas muje­res han soli­ci­ta­do desde hace un mes la soli­ci­tud que la direc­to­ra del Registro Civil en Tulum sim­ple­men­te ha igno­ra­do.

Ambas ase­gu­ran haber cum­pl­i­­do con todos los requi­si­tos que e­l Código Civil esti­pu­la, y que en el 2011, per­mi­tie­ron que dos pa­r­e­­j­as gay se casa­ran.

Además, argu­men­tan que los tra­ta­dos inter­na­cio­na­les, a los que México se ha adhe­ri­do les con­ce­de el dere­cho de pro­te­ger sus dere­chos civi­les.

“Es nues­tra libre volun­tad con­traer matri­mo­nio ampa­ra­dos por las leyes antes invo­ca­das y cum­plien­do con los requi­si­tos que indi­ca el Código en la mate­ria y que por no ser con­tra­ria a la moral ni al dere­cho ane­xan­do todos y cada uno de los requi­si­tos para tal efec­to”, cita el docu­men­to ane­xa­do.

Fernando Rodríguez Izquierdo, su ase­sor jurí­di­co expli­có que tuvie­ron acer­ca­mien­tos con Yolanda Garmendia a quien le pidie­ron su inter­ven­ción, toda vez que aún cuan­do cum­plen con los requi­si­tos para que se dé pro­ce­den­cia a su matri­mo­nio, se les han dado lar­gas.

“Le hemos hecho la peti­ción a tra­vés de los ­medios lega­les y no nos han dado res­pues­ta pre­ci­sa para que estas per­so­nas con­trai­gan matri­mo­nio”, dijo el Abogado.

Posteriormente, hicie­ron la misma peti­ción al gobier­no del Estado, en vir­tud de que hay fir­ma­do un con­ve­nio de res­pe­to a los dere­chos huma­nos. (Fuente: El Quintanarroense)