Roberto Borge, el culto a su imagen.
MÉXICO.- El 30 de agosto de 2010, un polémico spot de 43 segundos fue transmitido en las señales nacionales de Televisa y TV Azteca para promover los “compromisos cumplidos” del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Era su Quinto Informe de Gobierno.
El promocional sorprendió por su alta calidad de producción cinematográfica. Peña Nieto aparecía en mangas de camisa, sentado en una lujosa camioneta, y al estilo del mandatario estadunidense Barack Obama recitaba los logros de su gobierno. El spot provocó una querella del PAN y del PRD por presunta violación al artículo 134 constitucional, que desde la reforma de 2007 prohíbe la promoción personalizada de gobernantes.
“En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, puntualiza el último párrafo de ese artículo constitucional vigente.
Si bien el Instituto Federal Electoral (IFE) ordenó sancionar al mandatario por la violación a este ordenamiento, en una votación dividida – cuatro contra tres– los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneraron en mayo de 2011 al entonces mandatario mexiquense. Señalaron que, en todo caso, la difusión de los spots la realizaron de manera “unilateral” los concesionarios.
Así, los magistrados de la máxima instancia electoral abrieron las compuertas a lo que se ha convertido en una auténtica plaga de gobernadores que ahora imitan el “modelo Peña Nieto” de “publicidad integrada” y promoción personal en los medios masivos, como internet, prensa y hasta salas de cine.
Los cuatro magistrados que votaron a favor determinaron que Peña Nieto no había violado el 134 constitucional ni hizo promoción personalizada, ya que sus apariciones “estuvieron amparadas por los supuestos que permiten realizar promoción siete días antes y cinco días posteriores al informe de gobierno o de gestión de un funcionario público”.
Esta resolución hacía referencia al artículo 228, párrafo 5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el cual incluyó un candado que en los hechos invalida la prohibición de la propaganda personalizada: los spots y mensajes que se difundan en medios de comunicación no serán considerados como ese tipo de promoción “siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales de cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público y no exceda de los siete días anteriores y cinco posteriores a la fecha en que se rinda el informe”.
Desde entonces, emulando el “modelo Peña Nieto”, gobernadores como Eruviel Ávila, del Estado de México; Rafael Moreno Valle, de Puebla; Aristóteles Sandoval, de Jalisco; Rodrigo Medina, de Nuevo León; Javier Duarte, de Veracruz; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo; Manuel Velasco, de Chiapas, y hasta el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, se han caracterizado por promover su imagen y su gobierno en medios de comunicación masiva.
EL DISPENDIO EN QUINTANA ROO
En el caso de Quintana Roo, la revista Proceso documenta que la la Unidad del Vocero -como se llama a la partida presupuestal dedicada a comunicación, difusión y propaganda- tuvo un presupuesto oficial de 33 millones 474 mil pesos en 2013 y será de 33 millones 83 mil pesos en 2014.
Sin embargo, el dirigente opositor Antonio Meckler Aguilera sostiene que el gasto en la imagen del gobernador Roberto Borge sale de “diversos montos” distribuidos entre varias dependencias y que asciende a entre 700 y 800 millones de pesos.
Para la diputada federal del PRD, Graciela Saldaña, Borge es un inovador en redes sociales, ya que cuenta con cientos de tuiteros a sueldo que se dedican a contrarrestar a opositores y a lanzar campañas de calumnias.
El coordinador de redes sociales de Borge es César Mortera Egremi, autonombrado presidente del Movimiento Nacional de Cibernautas en Quintana Roo. Cobra un salario mensual de 50 mil 943 pesos por su encargo gubernamental.
“Estamos ante un impresionante maquinaria de imagen del gobierno del estado, con un enorme uso de recursos públicos con un uso discrecional”, sintetiza la diputada Saldaña. (Extracto del reportaje de Proceso)
REPORTAJE DE PROCESO SOBRE LOS GOBERNADORES
