Inhabilitan y sancionan con 254 mdp a ex funcionaria del Gobierno de Greg Sánchez

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CANCÚN, MX.- La Contraloría Municipal inhabilitó por 10 años, de cualquier cargo público, a la ex directora de Recursos Materiales, Noriko Hernández Vizzuet, y le impuso una sanción económica de de 254.6 millones de pesos, por diversas irregularidades detectadas en los contratos celebrados entre el gobierno de Benito Juárez y proveedores del Ayuntamiento Benito Juárez, durante el gobierno de Gregorio Sánchez Martínez.

Y es que ayer se publicó en medios impresos locales el tercer edicto, en el que se informa a la interesada –Noriko Hernández Vizzuet-, de la sanción a la que se hace acreedora, tras agotarse todo el procedimiento que se le siguió en su contra, desde la pasada administración y la resolución ya la tomó el actual gobierno.

“Es el tercer edicto que se publica notificándole a Noriko Hernández Vizzuet que ha sido acreedora a una inhabilitación por 10 años y tiene una sanción económica por 254 millones 600 mil 894 pesos”, explicó Alonso de Jesús Alonso.

Explicó que la Contraloría Municipal tuvo el expediente en su parte, final y resolvió que Noriko Hernández cometió malos manejos en los contratos celebrados entre la dirección de Recursos Materiales y diversas empresas, la mayoría proveedoras, en aquel entonces, de la autoridad municipal.

Dijo que la sanción, de más de 254 millones de pesos, es de las más altas que se hayan impuesto contra ex funcionarios, encontrados responsables de cometer irregularidades a su paso por el gobierno.

Recordó que dicha sanción sólo se equipara a la aplicada al ex presidente municipal, Juan Ignacio García Zalvidea, quien fue acusado y detenido por peculado por 97 mdp en 2005.

Dijo que los 254 millones de pesos serán convertidos en un crédito fiscal a fin de que la Tesorería lleve a cabo todos los trámites para poder cobrar dicho monto.

Apenas hace una semana, Alonso de Jesús Alonso también informó que Julio Romero Rodríguez, ex director de Fiscalización en el gobierno de Julián Ricalde, fue inhabilitado para ocupar un cargo en la administración pública, por irregularidades encontradas en el proceso de entrega-recepción. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)

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