CANCÚN, MX.- Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Unión, se pronunciaron ayer a favor de la creación de un Código Ambiental Único, que endurezca las sanciones para quienes dañen los recursos naturales de México.
La propuesta fue hecha el miércoles pasado por los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Guillermo Haro Bélchez, en el marco del foro sobre “El futuro de la Justicia Ambiental en México”, que ayer concluyó en el Congreso de la Unión.
La legisladora del PRD, Graciela Saldaña, se dijo a favor de la propuesta, pero consideró prioritario que, antes de pensar en mayores normativas, debe dotarse a la Profepa de más herramientas que le permitan cumplir su función como dependencia ejecutora y operativa.
Saldaña Fraire habló de mayores salarios a los inspectores y de proporcionarles elementos tan básicos como “gasolina y camionetas para realizar su labor, antes de hablar de más regulaciones”.
“Se pueden tener todos los códigos y aumentar las sanciones y multas, pero si los inspectores ganan una miseria y no tienen ni camionetas, ni gasolinas para moverse, pues… ¿de qué estamos hablando?
“No está mal tener un Código Ambiental Único, como le llamaron, pero otra de las cosas que se dijo en el foro es que la Profepa es juez y parte, porque pertenece a la Semarnat”, expresó la legisladora.
Saldaña Fraire hizo hincapié en que tampoco se puede pensar en aumentar sanciones, cuando actualmente se carece de transparencia sobre el destino de éstas.
“¿A dónde va a parar el dinero de las multas? No lo sabemos, porque simplemente no existe claridad en eso, ni tampoco hay transparencia para que la ciudadanía esté enterada de la duración y resolución de los procesos, menos del destino de las multas que aplica la Profepa”, subrayó.
Lo ideal –resaltó– sería que el dinero obtenido por concepto de sanciones y multas, se invirtiera en el sitio en que se provocó el daño ambiental.
“En el foro hubo dos ejemplos que salieron al tema. Uno, el caso Riu, en el que se aplicó la multa más alta en la historia y se etiquetó y otro, el de la embarcación que encalló en los arrecifes del área natural protegida de Parque Marino Nacional, en Punta Nizuc, en donde nunca se supo cómo terminó el caso, y que hasta le quisieron echar la culpa al capitán de la embarcación”, añadió.
Al respecto, su homólogo en el PRI, Raymundo King, manifestó que contar con un Código Ambiental Único será positivo, pero resaltó que debe cuidarse no caer en sobre regulaciones o “camisas de fuerza” que entren en contradicción o causen confusión a los inversionistas, a quienes por un lado se les invita a invertir en México y por otro, se les restringe o castiga.
“Lo vemos con buenos ojos, porque se trata de reforzar la protección del medio ambiente y eso siempre contará con nuestro respaldo; sin embargo, debemos vigilar que tampoco se caiga en excesos, que exista un equilibrio y que se generen condiciones para la generación de inversiones y propiciar el desarrollo sustentable. Que no se pongan camisas de fuerza”, expresó.
Como ejemplo de lo que llama “camisa de fuerza”, King de la Rosa citó el artículo 60 TER, contenido en la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), el cual protege a los manglares mexicanos.
El legislador recordó que la contrarreforma de dicha ley es uno de los temas pendientes que ha quedado rezagado ante la demanda de atender las reformas estructurales promovidas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, pero “no hemos descartado su modificación”.
Durante la inauguración del foro “Futuro de la Justicia Ambiental en México”, el secretario de Medio Ambiente informó que el gobierno federal ya trabaja en una iniciativa para la expedición del Código Ambiental Único que fortalecerá la labor de la Profepa en el establecimiento de sanciones.
“En la actualidad, prácticamente los delitos ambientales no son delitos graves y con fianzas se subsanan los agravios. Eso es algo que estamos luchando por cambiar, quien está cometiendo un delito ambiental debe ser sancionado, es un delincuente y debe pagar”, afirmó.
En tanto, el titular de la Profepa, agregó a esa propuesta, el necesario fortalecimiento de la dependencia a través de la modernización de su estructura orgánica y una re-nivelación salarial de los inspectores y demás personal. Incluso, Bélchez habló de valorar a futuro, darle autonomía a la Procuraduría. (Fuente: El Periódico)
HIJOS DE SU MA…. NO NECESITAN ENDURECER SANCIONES NECESITAN HACER QUE SE CUMPLAN LAS QUE YA ESTAN VIGENTES. A Y EMPIEZEN POR COZUMEL CON EL BORGE MAYOR
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