CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Senador por Yucatán Daniel Ávila Ruiz dijo que los delitos electorales no sólo deben ser sancionados con multas, sino que sus autores materiales e intelectuales también deben pagar en la cárcel las violaciones que cometan contra los derechos que tiene la ciudadanía en este campo.
Al suscribir una iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN que crea la Ley General en Materia de Delitos Electorales, destacó que una de las mayores demandas sociales es que los procesos electorales sean transparentes y confiables, y que se garantice en todo momento la equidad y la igualdad en la contienda electoral.
Dijo que la propuesta del PAN atiende a la necesidad de proteger la libre expresión de la voluntad popular ciudadana en materia política reflejada a través del sufragio efectivo universal, libre, secreto, directo y personal.
Con el propósito de combatir los delitos electorales cometidos por servidores públicos, se propone establecer multas de 200 a 400 días y prisión de uno a nueve años a aquellos que, haciendo uso de su autoridad o jerarquía, obliguen a sus subordinados a votar o a abstenerse de hacerlo por un candidato, partido político, coalición o agrupación política, añadió Ávila Ruiz.
La misma sanción –continuó- se aplicará a quienes condicionen la prestación de un servicio público a la emisión de voto a favor de algún candidato, partido, coalición o agrupación política o a la abstención de ese derecho ciudadano.
En lo relativo al propósito de frenar el uso de los recursos públicos, el legislador explicó que la iniciativa busca sancionar a los funcionarios o empleados que apoyen o presten algún servicio a candidatos u organizaciones políticas durante su jornada laboral o usando los bienes de la federación, estados o municipios para hacer proselitismo.
Otros delitos previstos en la iniciativa se refieren a votar con una credencial ajena, inducir a los votantes que estén en la fila de una casilla electoral para sufragar a favor de algún candidato o solicite votos a cambio de paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa.
La propuesta a nombre de los senadores y diputados federales de Acción Nacional, fue hecha por la senadora Pilar Ortega Martínez, quien indicó que con esta iniciativa se busca sentar las bases legales para sancionar todas aquellas conductas que atenten contra la voluntad popular y el desarrollo de los procesos electorales.
La iniciativa se turnó a las comisiones de Reforma del Estado; Gobernación; Justicia; y Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y dictaminación. (Con información del Senado)
Tardaditos nuestros senadores, pero finalmente \”les cae el veinte\”… prescindiendo de lo sinceras que sean las declaraciones de don Daniel.
Justamente eso pregunté al Dr. Sergio García Ramírez en Monterrey, en octubre de 1976, en el marco del VI Congreso Nacional Penitenciario.
El era una autoridad del sistema nacional de readaptación social, y yo lo entrevistaba como reportero-corresponsal de Excélsior y Diario de Yucatán.
Naturalmente declinó hacer comentarios sobre la corrupción electoral, que ya venía pisando fuerte a lo largo y ancho del país.
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