COMUNICADO DEL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Instituto para la Protección de los Derechos Humanos-Inprodh, solicita a los tres niveles de Gobierno: implementar medidas urgentes para prevenir, sancionar e indemnizar atentados a la dignidad humana
A pesar del reconocimiento de los Derechos Humanos en la Constitución y de la suscripción de múltiples Tratados Internacionales en la materia, la violación a la dignidad de las personas es una triste realidad que va en aumento. Todo indica insuficiencia en el esfuerzo realizado por la nación para transitar del discurso a una verdadera protección de derechos y libertades.
El Instituto para la Protección de los Derechos Humanos-Inprodh, con base en fuentes públicas y datos proporcionados por algunos afectados, apoya las denuncias sociales en aras de contrarrestar la tortura y los tratos denigrantes.
Al parecer, destinos turísticos importantes en el país están siendo presa del abuso del poder y en menos de un mes “presuntamente” la policía de Acapulco, en el Estado de Guerrero, aparece golpeando y humillando a un hombre que suplica por su integridad; que en los separos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta, en el Estado de Jalisco, le fueron estirpados los ojos a un joven sin que los elementos de seguridad pública hayan prevenido o impedido la agresión; que la policía en el Distrito Federal, pide sexo o una cantidad de dinero a cambio de no infraccionar a una persona o golpea manifestantes; y que un policía dispara a la cabeza de quien pretendió darse a la fuga.
Evitemos que se haga común el abuso de la fuerza, la tortura y la crueldad, por eso, con fundamento en el artículo 8o constitucional, solicitamos a los tres niveles de Gobierno la implementación urgente de medidas eficaces -susceptibles de comprobarse- para evitar actos similares a los mencionados y respeto a nuestra Constitución, al Pacto de San José y al Protocolo de Estambul.
Nuestra alerta evita que el país -por omisión de algunas localidades- continúe incurriendo en responsabilidad internacional por violar la obligación de prevenir atentados a la dignidad humana.
Tal es la desesperanza social que en Mexicalli, Baja California, una persona se prendió fuego y perdió la vida ante la indiferencia de las autoridades del Estado. Qué más necesitamos para actuar?
Que sigan las torturas o los atentados a nuestra libertad sexual, nos saquen los ojos o se prendan fuego más personas?
Responsables de la publicación
Enrique Carpizo
Presidente del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos
Leonardo Daniel Kumul Salazar
Delegado Estatal del Instituto para la Protección de los Derechos Humanos
Q. Roo
