CIUDAD DE MÉXICO.- El Senador Daniel Ávila Ruiz demandó hoy a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detener la destrucción ecológica causada por el Proyecto Comercial Dragon Mart Cancún.
Un juez de distrito concedió un amparo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), y al propio Senador, luego que se denunció la omisión de la Profepa y su delegación en esta entidad, al no resolver el expediente acumulado de denuncias populares contra Dragon Mart.
Dicho amparo fue resuelto favorablemente y la justicia federal determinó que la Profepa debería intervenir, y ahora responde con un boletín de prensa en el que dicen que está cumpliendo, comentó el legislador panista.
Sin embargo, la Profepa omite hacer del conocimiento de la opinión pública los estudios realizados, la estimación del daño causado por Dragon Mart, por su ubicación dentro de un ecosistema costero, así como por su cercanía con el área natural protegida del Parque Nacional Arrecife Puerto Morelos.
Además, Profepa debe informar acerca de la estimación del deterioro ecológico que produciría a largo plazo un proyecto depredador del medio ambiente como el que nos ocupa, puntualizó.
En consecuencia, el Senador Ávila Ruiz exigirá a Profepa un diagnóstico sobre el posible daño forestal que causará el Proyecto Dragon Mart en el área, a partir del cual se tomen decisiones sobre su posible cancelación.
Ávila Ruiz se refirió al anuncio de la Profepa en el sentido de que ha cumplido la sentencia del Juicio de Amparo 72/2013-I, realizando dos visitas de inspección, una en materia de impacto ambiental y otra en materia forestal, en el predio “El Tucán”, donde se desarrolla la construcción de Dragon Mart.
Luego de las citadas visitas de inspección, la Profepa reconoció que la conformación vegetal en la zona es considerada como terreno forestal de jurisdicción federal, por lo tanto, Dragon Mart debe cumplir con la normatividad federal vigente en materia de impacto ambiental y forestal.
En consecuencia, los promotores del proyecto deberán tramitar ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) federal y el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, lo que abre la puerta a una eventual cancelación de este proyecto.
El Senador Ávila Ruiz indicó que la Profepa debe aclarar si Dragon Mart cuenta con un amparo que imposibilita a dicha dependencia imponer medidas de seguridad, como sería una clausura temporal, el aseguramiento precautorio y la suspensión definitiva de la obra.
El proyecto del Centro Comercial Dragon Mart Cancún, en el estado de Quintana Roo, prevé la construcción de un conjunto de arquitectura oriental con pabellones mercantiles en una superficie de 113 hectáreas, que incluye naves industriales, tres mil locales y bodegas, una zona inmobiliaria de más de 28 hectáreas en las que habrá 722 casas y conjuntos habitacionales, que albergarán a más de cinco mil trabajadores.
Dicho complejo se encuentra ubicado cerca del límite sur del municipio de Benito Juárez, a 3.5 kilómetros de la zona costera y del Área Nacional Protegida, con categoría de Parque Nacional, denominada Arrecife de Puerto Morelos. (Noticaribe)
‘DRAGON MART’, DE AMPARO EN AMPARO
El pasado 12 de abril los promotores del Dragon Mart Cancún ampliaron el amparo ante la Sala Constitucional y Administrativa de la capital del país, para evitar cualquier acción de las autoridades ambientales del país, debido a que carecían de la Manifestación de Impacto Ambiental, MIA.
En este punto, hubo proteccionismo directo de la delegación estatal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, señaló el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Cemda, ya que las oficinas de la dependencia federal en Quintana Roo sabían de todas las irregularidades que se cometieron entorno a la realización del proyecto Dragon Mart.
De hecho, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Cemda, se congratuló por el anuncio realizado el día de ayer por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el sentido de que el proyecto Dragon Mart, que pretende llevarse a cabo en Puerto Morelos, Quintana Roo, “debe cumplir con la normatividad federal vigente en materia de impacto ambiental y forestal, ya que la conformación vegetal en la zona es considerada como terreno forestal de jurisdicción federal.
Asimismo, el organismo ambiental solicitó a la Profepa que presente la denuncia correspondiente contra quien resulte responsable ante la Procuraduría General de la República (PGR) toda vez que, de haberse llevado a cabo un cambio de uso de suelo forestal, ello implicaría la comisión de un delito, contemplado en el Artículo 418 del Código Penal Federal.
La Profepa debe actuar conforme lo que establece la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, la cual señala[3] que “en aquellos casos en que, como resultado del ejercicio de sus atribuciones, la Procuraduría tenga conocimiento de actos u omisiones que pudieran constituir delitos contra el ambiente, formulará denuncia inmediata ante el Ministerio Público”.
“La notificación de la Profepa resulta sumamente relevante y positiva, por lo que hacemos un público reconocimiento a dicha dependencia, ya que su emplazamiento representa el reconocimiento oficial por parte de una autoridad federal de lo que el Cemda ha señalado desde junio de 2011, fecha en que fue presentada la primera denuncia señalando que Dragon Mart requería solicitar permisos federales y que estaba operando de forma irregular”, señaló Gustavo Alanis Ortega, director general de Cemda.
Cemda destacó en su momento también que otro de los argumentos por el que Dragon Mart debía someterse a Evaluación de Impacto Ambiental federal es su ubicación sobre el sistema de aguas subterráneas de la Península de Yucatán, a menos de 3 mil 500 metros de la costa y del Área Natural Protegida Arrecifes de Puerto Morelos, que a su vez es humedal de importancia internacional.
Los arrecifes de Puerto Morelos se encuentran integrados al Gran Cinturón de Arrecifes del Atlántico Tropical, conocido como la segunda Barrera Arrecifal más grande del mundo. “Al respecto, nosotros hemos advertido también sobre los riesgos que existen para el Sistema Arrecifal Mesoamericano en caso de que se lleve a cabo este proyecto”, añadió Alejandra Serrano Pavón, directora de la oficina regional Sureste de Cemda.
El Cemda reiteró finalmente que, de acuerdo con la nueva Ley de Responsabilidad Ambiental, “todo servidor público está obligado a notificar de manera inmediata al Ministerio Público la probable existencia de un hecho que la ley considere como delito contra el ambiente, así como la identidad de quien posiblemente lo haya cometido o haya participado en su comisión, transmitiendo todos los datos que tuviere al respecto poniendo a disposición a los inculpados si hubieren sido detenidos”.
En este sentido, invitamos respetuosamente a la Profepa a denunciar, en caso de que así tuviere que hacerlo, las irregularidades detectadas en el terreno donde pretende desarrollarse Dragon Mart. (Fuente: Por Esto! de Quintana Roo)
