MÉRIDA.- Organizaciones defensoras de derechos humanos demandaron al Congreso local ante el Tribunal Constitucional del Estado de Yucatán por discriminar a la población homosexual al no legislar para permitir el matrimonio y el concubinato a parejas del mismo género.
La demanda es por omisión legislativa, al incumplir y desacatar “las obligaciones de brindar protección legal a las parejas homosexuales en su carácter de familia”. Es promovida por las organizaciones Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Oasis de San Juan de Dios y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE).
En improvisada rueda de prensa frente a las oficinas del Congreso, los activistas explicaron que de ganar este juicio, el Tribunal Constitucional de Yucatán ordenaría se reforme la legislación interna del estado para garantizar que las parejas homosexuales puedan acceder en condiciones de igualdad a la protección de las figuras de matrimonio y de concubinato.
En esta demanda, presentada en vísperas del día internacional contra la homofobia y la transfobia, los promoventes alegaron el incumplimiento de “las obligaciones legislativas ordenadas en la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Destacaron que a pesar de que ya son al menos diez las parejas homosexuales que han ganado juicios de amparo para poder contraer matrimonio en Yucatán, “el Registro Civil ha demostrado constante reticencia en inscribir debidamente estas uniones”.
Así mismo, anunciaron que el Juzgado Cuarto de Distrito multó la semana pasada al Registro Civil con cien salarios mínimos por negarse nuevamente a inscribir a una pareja de mujeres en el libro de matrimonios.
Recordaron que el Poder Judicial del Estado de Yucatán ya había reconocido a finales del año pasado el carácter de concubinos a una pareja homosexual, estableciendo un precedente en el reconocimiento judicial del derecho a la igualdad y no discriminación.
“Este antecedente, basado en los principios constitucionales y en los parámetros internacionales en materia de derechos humanos, debe ser correspondido en la futura sentencia del Tribunal Constitucional”, dijeron.
Y lanzaron un llamado a las autoridades y a la sociedad en general “para proteger a la familia, toda vez que la actual legislación mantiene en estado de indefensión e incertidumbre jurídica”. (Fuente: Proceso)
