Toda hora perdida en la juventud es una probabilidad de desgracia en el porvenir.
Napoleón Bonaparte
La semana pasada comenté algunos datos preocupantes sobre el trabajo infantil y sobre las condiciones que arrojan a los niños a realizar labores que no son acordes a su edad. Hoy dedico este espacio a uno de los efectos más dramáticos y disruptivos de las carencias y necesidad de niños: la delincuencia.
De acuerdo con un documento presentado a los senadores por el Instituto Belisario Domínguez, en 2013 había 10 mil 583 menores en los centros de tratamiento para adolescentes (datos de INEGI). Las entidades con el mayor número de adolescentes en tratamiento eran el Distrito Federal (2 mil 016), Nuevo León (1 mil 151), Sonora (1,046), Jalisco ( mil 32) y Baja California (971); en tanto, los estados con el menor número fueron Oaxaca (50), Baja California Sur (44), Michoacán (27), Yucatán (22) y Campeche (13).
El mismo documento del Instituto Belisario Domínguez indica que, a escala nacional, los principales delitos cometidos por menores son robos no tipificados (3 mil 339); robo a casa habitación (mil 753); delitos del fuero común (mil 292); robo en vía pública (754); robo a vehículo (682) y homicidio (585). En 2012 la gran mayoría de los adolescentes en centros especializados eran hombres (93.4%).
Los investigadores y especialistas han identificado los factores que conducen a la delincuencia de niños y jóvenes. A grandes rasgos, éstos se pueden clasificar en dos: factores sociales, económicos, culturales, escolares, familiares y comunitarios, por un lado, y variables sicológicas y personales (como enfermedades), por el otro. La realidad muestra que es una combinación de dos o más factores lo que empuja a niños y adolescentes a delinquir.
En nuestro país la principal norma en materia de delitos juveniles es la propia Constitución, que en el artículo 18 señala que los menores de 12 años solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. Además, el texto establece que la Federación, los estados y los municipios deberán crear un sistema de justicia especializado en menores de edad.
El marco normativo en la materia tiene dos leyes federales de gran importancia: la Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. La primera, de 2000, procura el desarrollo integral en condiciones de igualdad; la segunda, de 2012, crea el Sistema Federal de Justicia para Adolescentes, incluyendo los órganos, procedimientos, principios y garantías para este sector.
Un estudio de Amelia Irurategoyena, publicado por la UNAM, señala que el sistema especializado en niños y adolescentes sólo puede cumplir su función si se respetan sus derechos. Además, sugiere que deben atenderse los siguientes temas: 1) el diseño de políticas generales de prevención de delitos; y 2) el diseño de políticas que, de manera selectiva, asistan a los niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. En consecuencia insiste en la creación de leyes, procesos, instituciones para reducir la oportunidad y los riegos de comisión de delitos; destinar planes preventivos desde la infancia temprana; enfatizar la educación integral y evitar la deserción escolar; crear programas de atención enfocados en las características de la comunidad; coordinar los trabajos de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, de los tres órdenes de gobierno y generar programas de autoayuda.
Aunque contamos con la legislación, aún hay mucho que hacer a fin de que el sistema funcione satisfactoriamente; las instituciones del Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno tienen una deuda importante con nuestros niños y jóvenes. Es urgente ver resultados pues, como escuché decir a u joven hace algunas veces: “Cómo podemos ser los jóvenes la esperanza del futuro, si ni siquiera nos permiten ser presente”.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Canal del Congreso.
