El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de ciudadanos con exclusión de los demás,sino la felicidad de todos
Platón
Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa
Montesquieu
En una sesión de período extraordinario, durante más de 10 horas, el 4 de julio el Pleno de los senadores de la República discutimos, debatimos y votamos el dictamen de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, De Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos en materia de reformas a diversas disposiciones sobre telecomunicaciones y radiodifusión. El dictamen, en 612 páginas, presenta las opiniones y propuestas de los legisladores a lo largo de más de 6 años.
En mi opinión, tal como lo expuse ante el Pleno, el dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones contraviene el espíritu de la reforma constitucional aprobada en 2013, pues fortalece estructuras monopólicas y daña por lo menos a 58 millones de mexicanos al no garantizar el pleno goce de su derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la libertad de elegir. Por ello emití, junto con 10 senadores de mi fracción parlamentaria, el voto en contra del dictamen.
Reconozco que las leyes aprobadas contienen algunos avances, como la eliminación del “rooming” en telefonía celular y en la larga distancia en telefonía fija, lo cual generará mayor competencia en algunos servicios de telecomunicación y podrá derivar en mejores tarifas para los usuarios. También resaltan las regulaciones que, en materia de publicidad, se establecen para limitar el tiempo de transmisión de comerciales y proteger a los menores de los anuncios de comida chatarra.
Sin embargo, la mayoría de las disposiciones en la legislación ya aprobada (con 80 votos a favor y 37 en contra) condena al país a sufrir un capitalismo salvaje, que vulnera el orden político ya de por si debilitado. El problema es que no se desecharon medidas que fortalecen a los órganos reguladores y se mantuvieron aquellas que protegen a los monopolios.
Entre mis principales objeciones al dictamen se encuentra el contenido del artículo nueve transitorio, pues permitirá que se fusione todo lo que se quiera a las empresas no consideradas como dominantes en la industria, al margen de las facultades del órgano regulador. Asimismo, la votación a favor del dictamen preserva los monopolios en los medios de comunicación: establece disposiciones insignificantes para regular la propiedad cruzada de medios y omite determinar con precisión los límites a la concentración nacional y regional de frecuencias. Además, limita los beneficios de la convergencia tecnológica y dota de manera insuficiente a los medios de uso social de mecanismos para su subsistencia, y les impone condiciones inequitativas para la obtención de las concesiones.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, aprobada el año pasado, tenía la intención de ofrecer a los usuarios un mejor acceso a los diferentes medios de comunicación, además de impulsar la inversión que permitiera incrementar el Producto Interno Bruto y disminuir la concentración de unos pocos participantes en el mercado a fin de desalentar la operación de monopolios en el mercado de telecomunicaciones.
A partir de esas directrices se esperaba que el Estado mexicano diseñara mejores herramientas regulatorias para conducirnos a una reconfiguración del sector telecomunicaciones en beneficio de la competencia, las inversiones y, sobre todo, de los usuarios, quienes tienen derecho a contar con una mayor cobertura, mejor calidad y precios competitivos.
Las reformas no honran este espíritu. Con dignidad, 11 legisladores del PAN votamos en contra de una reforma, ciega, coja y sorda.
*Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones De Juventud y Deporte, De Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez. Integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicamaral del Canal del Congreso.
