CIUDAD DE MÉXICO.— La situación de los derechos humanos en México es “crítica” y crímenes como la desaparición de 43 estudiantes tras ataques de policías de Iguala, Guerrero, confirman la profundidad de esa crisis que vive el país, alertó este jueves la organización Human Rights Watch (HRW).
“La regla en México es la impunidad y el caso Iguala es de gravedad extrema, pero es un síntoma de una crisis profunda que arrastra México en materia de derechos humanos”, denunció en una rueda de prensa en la capital mexicana José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Para Vivanco, la impunidad, corrupción e infiltración del narcotráfico en cuerpos de seguridad que se agudizaron durante el combate militar antidrogas de Felipe Calderón (2006-2012) permanecen bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, que mantiene “las mismas prácticas y la misma actitud” ante las violaciones de derechos humanos.
Al respecto, el gobierno de Peña Nieto ha dicho que una de sus prioridades es reducir los niveles de violencia con pleno respeto a los ciudadanos.
Señaló que no se conoce otra situación similar más que la de Tlatelolco en 1968, donde era común la desaparición masiva de personas y la falta de rendición de cuentas de las autoridades.
Más de 80,000 personas han sido asesinadas en México y 22,000 desaparecidas desde el inicio de la presidencia de Calderón.
El directivo de HRW, con sede en Nueva York, lamentó la reacción “tardía y mala” del gobierno de Peña Nieto ante la desaparición hace 42 días de estos estudiantes de magisterio, que considera “uno de los casos más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina”.
“La situación de derechos humanos en México es crítica”, alertó Vivanco refiriéndose también a otro grave caso ocurrido en junio en Tlatlaya, Estado de México, que tachó de “crimen de Estado”.
Tres militares están acusados de asesinar a al menos ocho presuntos delincuentes cuando ya había terminado un enfrentamiento en Tlatlaya.
Sobre el caso de Iguala, HRW lamentó que la Procuraduría General de la República (PGR) asumiera las investigaciones nueve días después de que los jóvenes desaparecieran en ataques de la policía el 26 de septiembre y que aún no haya podido dar con su paradero.
Por declaraciones de algunos de los 59 detenidos, entre los que hay policías, narcotraficantes y políticos, el gobierno cree que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, detenido el martes, ordenó a sus agentes atacar a los jóvenes, que después fueron entregados a sicarios de un cártel narcotraficante.
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La PGR no ha reconstruido lo sucedido a partir de esa entrega, pero teme que los sicarios pudieron asesinar a los estudiantes y enterrarlos.
Vivanco expresó sus suspicacias sobre la “tendencia de los detenidos en México de confesar sus crímenes” y la resolución “fácil” que han hecho las autoridades de otros casos con base en esas declaraciones.
“La desconfianza de los mexicanos (hacia las investigaciones de las autoridades) es perfectamente explicable”, señaló Vivanco, quien aseguró que HRW estará pendiente de la opinión que den los forenses argentinos independientes que trabajan en el caso sobre las conclusiones del gobierno. (Con información de AFP)
