La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) dio entrada a cuatro recibos de pago equivalentes a 23 millones 565 mil 938 pesos, por concepto de las multas que cubrió la empresa minera Buenavista del Cobre tras las irregularidades en que incurrió ante el derrame de sulfato de cobre acidulado el año pasado.
Las sanciones impuestas por la autoridad ambiental apenas el 2 de marzo, corresponden a la comisión de 50 diversas irregularidades en contra del marco normativo ambiental vigente, tras la inspección realizada a sus instalaciones luego del vertimiento de 40 mil metros cúbicos de dicha solución.
El importe total de estas multas es independiente al Fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales que impuso el Gobierno Federal a la empresa Buenavista del Cobre, para asegurar la remedición de los ríos Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora y la población afectada por la emergencia ambiental en cuestión.
Los procedimientos iniciados en atención a dicha emergencia ambiental causada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de una solución de sulfato de cobre acidulada, tuvieron fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, así como en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.
La empresa no contaba con la Licencia Ambiental Única actualizada; no había instalado plataformas y puertos de muestreo, ni ductos de descarga de diversos equipos y, tampoco había realizado la evaluación de sus emisiones, lo que contraviene la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.
El primer recibo de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales presentado por la firma, hecho a través de BBVA Bancomer, es por un importe de 11 millones 192 mil 587 pesos que cubre multas impuestas por incurrir en 31 irregularidades en materia de impacto ambiental.
Los siguientes pagos son por un total de 7 millones 711 mil pesos por las irregularidades asociadas al derrame de una solución de sulfato de cobre acidulada (3 irregularidades); 4 millones 065 mil 800 pesos en materia de atmósfera (9 irregularidades); y 596 mil 551 pesos en materia de residuos peligrosos (7 irregularidades).
La PROFEPA continuará sus visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas en las resoluciones administrativas a la empresa, y en caso de incumplimiento podrán imponerse nuevas sanciones. También coadyuvará con la PGR en el seguimiento de la denuncia penal correspondiente.
El 1º de septiembre del año pasado se impuso la clausura temporal parcial de las áreas de lixiviación que reconocen hacia el Bordo Poniente y el represo Tinajas 1 y del proyecto “Terreros de Lixiviados Tinajas”.
Ante ello, presentó denuncia penal contra quien resulte responsable, el 18 de agosto de 2014 (de 1 a 9 años de cárcel) y consiguió el sometimiento de la empresa en el que se obliga a la reparación de los daños y establece un fideicomiso por 2 mil millones de pesos iniciales.
El derrame de sulfato de cobre acidulado alcanzó a los siguientes cuerpos de agua: Arroyo Tinajas (17.6 km); Río Bacanuchi (64 km); Río Sonora (190 km). En tanto que la Presa El Molinito, se mantiene cerrada precautoriamente sin que a la fecha se hayan presentado evidencias de contaminación. (Fuente: Profepa)
