CIUDAD DE MÉXICO.- En su último informe presentado este domingo sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que, luego de su primer reporte en septiembre de 2015, algunos militares a los que no se pudo entrevistar tras meses de solicitudes, cambiaron o aportaron nuevos elementos ante la Fiscalía.
El informe contradice la versión oficial de los hechos y critica la investigación del gobierno mexicano hasta la fecha.
Acusa al gobierno de no haber seguido líneas de investigación claves, manipular evidencia, proteger a oficiales sospechosos de participación en las desapariciones forzadas y de torturar a presuntos sospechosos para asegurar “confesiones”.
Además, según material gráfico presentado en conferencia de prensa, se indicó que la Procuraduría General de la República (PGR) halló restos óseos en el río San Juan, hecho que además de no haberse registrado en el expediente, tampoco fue dado a conocer de manera pública.
El informe fue presentado este domingo en la Universidad del Claustro de Sor Juana ante padres de los desaparecidos, estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y derechohumanistas.
El GIEI reiteró la falta de voluntad del gobierno de Enrique Peña Nieto para aclarar lo sucedido en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre de 2014, además de acusar que sus labores de investigación fueron obstaculizadas por las autoridades.
Nuevamente indicaron que no existe evidencia científica de que los 43 jóvenes hayan sido incinerados en el basurero de Cocula.
Apoyado con videos e imágenes Carlos Beristáin, miembro del GIEI, señaló que el 28 de octubre de 2014 la PGR encontró junto al río San Juan una bolsa con restos óseos y efectuó una diligencia ante la presencia de uno de los detenidos, Agustín García Reyes (integrante de Guerreros Unidos), de los cuales la PGR no rindió ningún informe.
Según Beristáin, sobre esta diligencia no se encontraron registros en el expediente del caso.
En las fotografías se observa a Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, a peritos y militares vigilando la zona.
El último informe del GIEI presentado hoy detalla que las diligencias en el río San Juan iniciaron el 29 de octubre de 2014.
Los expertos también destacaron las evidencias de tortura contra algunos de los detenidos por este caso.
Según el reporte, no debe descartarse la posibilidad de que la razón detrás de las desapariciones de los 43 estudiantes sea el tráfico de heroína hacia Estados Unidos, punto que se había planteado desde el primer reporte, presentado en septiembre de 2015.
En otro de los puntos, los investigadores explicaron que dos militares del 27 Batallón de Iguala reconocieron por primera vez y a pocos días de la presentación del informe en 2015, que habían acudido a la comisaría donde los estudiantes pudieron estar recluidos, reforzando los testimonios de otros dos elementos del Ejército de diciembre de 2014.
Según el GIEI, los militares fueron a preguntar por una motocicleta que era de un agente de inteligencia de su equipo, vestido de civil esa noche, y que habría dejado en una de las escenas del crimen.
Sin embargo, en declaraciones anteriores ningún elemento castrense había citado ese vehículo.
Lo más sorprendente, según el GIEI, es que, a pesar de conocer los sucesos “en tiempo real” que tenían lugar esa noche en Iguala, los militares acudieron a la comisaría “sin interesarse por el destino de los jóvenes”.
Los cambios en las declaraciones de los militares se descubrieron posteriormente, pues para el GIEI ha sido imposible entrevistar a los elementos castrenses a pesar de las múltiples peticiones de información realizadas.
El informe presentado este domingo incluye las preguntas que querían formular a los militares y éstas se refieren a sus labores de inteligencia la noche de Iguala, las fotografías que tomaron en el Palacio de Justicia y las órdenes emitidas o las salidas de las patrullas.
Incluso se preguntan la existencia de un soldado apodado El Satánico, que aparece en una declaración de un marino y era presunto traficante para el cártel Guerreros Unidos, que según la versión oficial se encargó de matar y quemar a los 43 jóvenes detenidos por policías corruptos de Iguala.
El GIEI comenzó a trabajar en el caso en marzo de 2015, tras un acuerdo alcanzado entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano y los familiares de las víctimas.
Nueva mancha para gobierno de Peña: AI
“La determinación absoluta del gobierno mexicano de esconder la tragedia de Ayotzinapa debajo de la alfombra parece no tener límites,” dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Al negarse a dar seguimiento a todas las posibles líneas de investigación, manipular evidencia, no proteger ni apoyar a las familias de los estudiantes, negar el pedido de extender el mandato del GIEI y no haber estado en la presentación hoy, las autoridades Mexicanas están enviando el peligroso mensaje que cualquiera puede desaparecer en México sin que se haga nada al respecto”.
“La respuesta oficial a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la ejecución extrajudicial de tres personas es la trágica ilustración de la actitud que tiene Enrique Peña Nieto frente a los derechos humanos: Esconder o ignorar los hechos y esperar que las acusaciones simplemente se esfumen. Esto no es solo ilegal pero inmoral y es una cachetada en la cara de los familiares que, tras casi dos años, continúan esperando respuestas”. (Fuente: Proceso)
