PANORAMA POLÍTICO | Deuda, ¿a quién creerle? | Por Hugo Martoccia

Por Hugo Martoccia

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Juan Vergara Fernández, fue el encargado de dar las noticias más importantes de esta semana. Convenció a todos los diputados cuando les dijo que este gobierno no tomará “ni un peso” más de deuda, y que, a la larga, abatirá el déficit fiscal y terminará definitivamente con los empréstitos. Y luego maltrató el ánimo de todos con un informe lapidario de Banco Mundial que dice que, para que todo siga marchando, durante este sexenio habría que tomar 20 mil millones de nueva deuda.

Hay un mundo entre esas dos realidades; del Quintana Roo de los sueños al de las pesadillas. ¿Es posible tal disparidad de visiones? Lo es, cuando el escenario económico del estado, que no solo es la deuda, se ha convertido en una confusión de datos volátiles y medias verdades.

Empecemos con el propio secretario de Finanzas. Juan Vergara es un hombre de discurso voluntarioso y fácil. En los últimos días, aceptó las consultas que le hicieron y tuvo respuestas para todos. Pero dejó demasiados números que no coinciden, y que abonan más a la confusión que a la esperanza. Por ejemplo, la deuda. Ante diputados, dijo que el estado debe 19 mil millones de pesos, y paga anualmente alrededor de 1925 millones anuales como servicio. Una tasa superior al 10 por ciento; inédita en un mundo de tasas bajas y dinero regalado; inviable para cualquier estado. Pero esos números cambiaron velozmente; hoy ya son 25 mil millones de deuda, incluyendo 2 mil 600 millones de deuda de corto plazo, y la proyección son 30 mil millones en total.

Ante los diputados, el funcionario dijo que cuando licite la deuda en una reestructuración y “apriete las tuercas”, logrará bajar la tasa a 7 por ciento y el estado se ahorrará anualmente pagar 600 millones de pesos. Los datos son tremendos, pero no coinciden con los de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cuyos informes hablan de una deuda de 22 mil 436 millones de pesos, y una tasa de 7.7 por ciento. Tres puntos de tasa no es una diferencia menor. O sea, que la baja de tasas que se lograría ya no sería del tres por ciento, como anunció Juan Vergara, sino de apenas un 0.7 por ciento. Un ahorro inferior a los 200 millones de pesos y no 600 millones como anunció. Casi se diría que por ese monto no tiene sentido reestructurar: la supuesta ganancia se evaporaría por el pago de las comisiones del sector financiero, que nunca son pequeñas.

El déficit fiscal es otro tema. Según el titular de Sefiplan es de 2 mil 600 millones anuales, aproximadamente. La idea es dejarlo en 89 millones en 2020. El déficit fiscal es una situación contable que se da cuando los gastos son mayores a los ingresos. Entonces, el déficit se baja recortando gastos o subiendo ingresos. Si no, ante la imposibilidad de emitir billetes como los estados nacionales, los estados provinciales deben contratar deuda para solventarlo. Entonces ¿cómo cubrir ese déficit sin alguna nueva deuda escondida en la inminente reestructuración? El principal plan de Juan Vergara, según el mismo lo dijo ante diputados, es ir contra la evasión fiscal, principalmente de la hotelería, que está en un monstruoso 600 por ciento.

Así enunciado, ese plan parece poco más que una buena intención. Tan solo el día que Noticaribe presentó esta información en una nota, se sumaron diversos comentarios de lectores que criticaban la estrategia, incluso con detallados análisis sobre la imposibilidad jurídica de llevarlo adelante. Y esa es apenas la punta del iceberg que significará la presión de los hoteleros organizados, el poder fáctico más importante de esta entidad. La guerra por el Home Port de Xcaret entre hoteleros y otros prestadores de servicios turísticos, que se libró años atrás, dejó en claro el poder de lobby que tienen unos y otros, quienes seguramente en este caso actuarán de manera conjunta.

Ni hablar si ese plan quiere extenderse hacia el pequeño y mediano comercio, que pasa por una situación bastante difícil. O hacia los ciudadanos, ahogados por la presión fiscal y la crisis económica. Parece evidente, entonces, que aumentar los ingresos por esa vía es, contablemente, una decisión evidente y hasta quizá acertada. Pero en la realidad será muy difícil de llevar a cabo.

El gobierno también apunta al recorte de gastos. Con el nuevo paquete de medidas financieras recientemente aprobado en el Congreso, debería bajar en mil 600 millones el gasto, según el titular de Sefiplan. En ese punto habría que dar un voto de confianza: se trata de capacidad técnica y voluntad política. El tiempo nos dirá si tuvieron lo suficiente de ambas.

La realidad económica del estado es crítica. Su deuda equivale a un 8 por ciento de su Producto Interno Bruto, lo que equivale a tres veces la media nacional. Paga la segunda tasa de interés más alta del país, y es la entidad federativa con la deuda más alta con respecto a sus ingresos totales: un 94 por ciento contra el 33 por ciento que es la media nacional.

Además, su deuda equivale al 250 por ciento de sus participaciones. Solo Coahuila vive en un despropósito similar, con una deuda igual al 236 por ciento de sus participaciones. Pero con una salvedad: ellos lo vienen bajando cada año desde el 2011, cuando ese porcentaje era del 315 por ciento. En Quintana Roo, durante el festival de los últimos dos sexenios, ese porcentaje no ha parado de subir, y pagar esa deuda requiere que el 89 por ciento de lo que la Federación participa no llegue al estado. En el día a día también dejaron su bomba de tiempo: hay 3 mil millones de pesos atrasados para deudas de corto plazo, principalmente proveedores, que habrá que revisar minuciosamente.

Estos son los datos con los que el Banco Mundial hizo su pronóstico lapidario. Son datos duros y comprobables. Hasta ahora, desde el estado se ha respondido a esta realidad con un vendaval de números dispares, que bajan y suben según la conveniencia y el momento. Si no se consolida ese discurso, el capital político del gobierno, que sufre el tema de los despidos y de la llegada de gente de otros estados a la administración, también comenzará a erosionarse en los sectores que esperan respuestas concretas a problemas de fondo.