PIDEN ‘ALERTA MIGRATORIA’ CONTRA BORGE: Punto de acuerdo en el Congreso federal para que ‘Beto’ no sea el próximo ex Gobernador prófugo

CIUDAD DE MÉXICO.- La diputada Ivanova Pool, Secretaria de Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades migratorias, a la PGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita una alerta migratoria y se impida que Roberto Borge sea otro gobernador más prófugo de la justicia, así como exfuncionarios que junto con él, están involucrados en las investigaciones por el probable desvío de recursos públicos en Quintana Roo, al mismo tiempo pidió a la Auditoría Superior de la Federación, audite el sexenio del ex gobernador, por el probable desvío de recursos en la entidad.

En conferencia de prensa, la legisladora perredista Ivanova Pool, enunció cada irregularidad y malos manejos del ex gobernador Roberto Borge, que en su momento dieron a conocer periodistas y funcionarios.

Dijo que cuando Borge llego al Gobierno de Quintana Roo, recibió una deuda total por 10 mil 037 millones de pesos, la cual elevó 123%, al entregarla en 22 mil 442 millones de pesos. Recordó que el pasado 29 de septiembre la legislatura local dio a conocer que Roberto Borge hacía gastos millonarios en trasporte aéreo particular, por medio de VIP SAESA, al rentar tres aeronaves para su administración con un monto superior a los 48 millones 581 mil dólares.

“A través de una investigación hecha por Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se documentaron casos que prueban cómo Borge despojó terrenos y hoteles en Tulum, embargó condominios en Cancún y se apoderó de departamentos de lujo para después venderlos a la mitad de su valor a funcionarios públicos”, comentó.

Ivanova Pool también informó que la Fiscalía General de Quintana Roo, en base a la denuncia FGE/QR/SOL/09/3943/2016 presentada por el gobernador Carlos Joaquín, comenzó la semana pasada el trámite de notificación al Sistema de Administración Tributaria y a la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR para investigar a la compañía Barcos Caribe señalada como una de las firmas creadas por Borge a través de prestanombres, donde figuran como socios César Celso Hermosillo Melgarejo y Franco González Padrón, padre de Juan Carlos González Hernández, exsecretario de Turismo del ex Gobernador de Quintana Roo.

Además añadió que el pasado 8 de octubre del presente año, en un encuentro con delegaciones de maestros en la entidad, le informaron del posible desvío de 600 millones de pesos de Borge Angulo contra del magisterio, así como de otros 200 millones de pesos, con los que se afectó a servidores públicos, debido a que no les fueron cubiertas sus quincenas y prestaciones.

Recientemente la Secretaría de la Gestión Pública de Quintana Roo, señaló como responsables de la venta irregular de terrenos del Estado de Quintana Roo a la entonces Directora General del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva y al propio Borge, con precios de venta muy por debajo del valor real, casi del 1%.

Las ventas en muchos casos se realizaron a gente cercana, familiares y amigos de Roberto Borge, y tratándose de aproximadamente a 9,500 hectáreas, equivalente a a más de seis veces la zona hotelera de Cancún.

Ante estos hechos, la legisladora perredista, explicó que presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que se dé cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la Republica y el Instituto Nacional de Migración, emita desde este momento la alerta migratoria para evitar que evada la justicia Roberto Borge Angulo, así como los exfuncionarios de primer nivel que junto con él, están involucrados en las investigaciones para deslindar responsabilidades de orden penal por el desvío de recursos públicos. Así como también exhortó a a la Auditoria Superior de la Federación, para que se auditen las cuentas públicas correspondientes a la gestión del Gobierno de Quintana Roo, 2011-2016, con el objeto de que se compruebe en su totalidad, el uso adecuado de recursos públicos, así como los gastos realizados por el exgobernador y los servidores públicos de primer nivel que formaban parte de su administración, a fin de contar con la información que se pueda ejercer la acción legal correspondiente.

“El Gobierno Federal tiene la obligación de coadyuvar en la instrumentación de mecanismos y recursos jurídicos armónicos, en materia de trasparencia y rendición de cuentas. Los quintanarroenses tienen derecho a saber dónde quedaron los recursos públicos destinados”, concluyo. (Fuente: Congreso)

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