Por Leslie Gordillo
CANCÚN, MX.- Las denuncias ciudadanas en contra de los abusos cometidos por las empresas de grúas en la ciudad no son nuevas, desafortunadamente los cambios de gobierno no han servido de mucho para poner un alto a los indiscriminados cobros que lo único que hacen pensar es que los beneficios monetarios que obtienen llegan también a los funcionarios, por lo que urge voluntad política para cambiar las cosas, señalaron Héctor Ortega Contreras y Humberto Aldana Navarro, militantes de MORENA.
En rueda de prensa presentaron dos casos de claro abuso por parte de las empresas, involucrando específicamente de Peca vial S.A. De C.V., (de la familia Cardona); el primer caso relacionado con una detención que se hizo durante el programa de alcoholimetría y por otro lado uno relacionado con un incidente de tránsito, cobrando en este último cerca de 42 mil pesos.
Sista Zárate Mendoza, contó que fue desde el pasado 5 de noviembre cuando su esposo Elías Chávez Reyes cayó en el Torito por manejar en estado de ebriedad, cumpliendo sus horas de arresto pero que pese a haber realizado el pago para rescatar la unidad y un pago posterior de 5 mil 800 pesos por tenencia, les han puesto trabas para recuperar su vehículo.
“Esto se dio luego de que no quisimos dar cinco mil pesos a un señor que nos estaba cobrando allí en la dirección de Tránsito, se llama Edgar Rodríguez y como no accedimos a ese acto de corrupción, nos dijeron que pagando la tenencia lo liberaban y preferimos hacer ese pago, pero como todos tienen comunicación nos siguen poniendo trabas. Están coludidos entre la dirección de tránsito y las grúas”, denunció.
La principal irregularidad, señalaron, es que mientras un ciudadano por alguna falla de su vehículo tiene que pagar entre 250 y 500 pesos en promedio por el arrastre de su auto, en el caso de la señora Sista les cobran 3 mil 800 pesos (sin contabilizar todos los días de encierro en el corralón) y en el segundo caso de una persona quien omitió su nombre por temor a represalias, mostró que únicamente por arrastre le están cobrando 9 mil 500pesos, una incongruencia total que se permite por la falta de regularidad y de un tabulador por parte del ayuntamiento.
El desglose del segundo caso es el siguiente: 18 mil pesos por maniobras (sin dejar claro que tipo de maniobras), de arrastre 9 mil 500, 6 mil 500 de entrega, 3 mil 800 por acondicionamiento del vehículo, más impuestos, dando un total de 41 mil 945 pesos.
En este sentido, Ortega Contreras y Aldana Navarro señalaron que la propuesta es que se homologuen los costos de las grúas, algo en el que el ayuntamiento ha estado trabajando junto a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) desde la administración pasada, pero sin ningún resultado claro, además de reglamentar por completo la prestación de servicios.
“No es posible que son 11 empresas las concesionada y ninguna está regulada y todo es en perjuicio de la ciudadanía, todavía soportar que le atraquen tales cantidades de dinero en empresas que desvalijan los autos, les dan golpes, sin hacerse responsables de nada y otra que el ayuntamiento dice que no tiene servicio cuando es su obligación tener grúas y un corralón municipal que se encargue de estos casos”, dijo Ortega Contreras.
Además señalaron que si ya el ayuntamiento ha presumido un presupuesto histórico para 2017 bien podrían destinar un recurso para la compra de al menos seis a 10 unidades y ocupar alguno de los terrenos municipales para el corralón, pero la falta de voluntad política y social se traduce en un atraco por parte de las grúas a la población, en contuvieron con la dirección de a tránsito. (Noticaribe)
