Una insistente versión recorrió durante las últimas horas la política local: el Auditor Superior del Estado, Javier Zetina González, acordó con el gobernador Carlos Joaquín González su salida inminente de ese organismo. El acuerdo político no dejó conocer fechas precisas, pero la decisión está tomada. Se buscará la salida más decorosa, y en breve habrá otra persona en ese cargo.
La duplicidad del apellido González en esa información tiene mucho que ver con el desenlace. Según dos fuentes cercanas al gobernador del estado, la resolución de ese conflicto político se basó en gran parte en la entrañable relación familiar que los une.
El gobernador y el titular de la Aseqroo son primos hermanos. Han tenido, durante toda su vida, una relación muy cercana. De hecho, es la relación familiar más cercana que ha tenido el gobernador. “Acá no es solo política”, dijo una de las fuentes consultadas, “entre ellos dos se entienden de otra manera”.
La semana pasada, Javier Zetina llegó al Congreso a presentar su plan de trabajo para las auditorías de la Cuenta Pública 2016. Hábilmente, el funcionario había contraatacado a los diputados que habían pedido su salida. Ofreció realizar 307 auditorías de la Cuenta Pública 2016, contra las 70 que se habían realizado en 2015. No había inocencia en esa decisión: esas auditorías entrarían a investigar los primeros tres meses de la nueva administración.
Javier Zetina les mandó a decir algo así como que si quieren que audite a fondo, va a auditar a fondo… hasta las propias cuentas de sus adversarios políticos. No era esa una buena noticia para el Congreso ni para el gobierno estatal.
La reunión entre las partes fue tensa. Casi no hablaron del plan de trabajo. Los diputados le pidieron que renuncie y el Auditor les dijo que no iba a hacerlo, y que con el único que hablaría del tema sería con el propio gobernador. Alguien intuyó una queja velada, algún sentimiento herido en esas palabras.
Horas más tarde, el Auditor habló con el gobernador. Las versiones difieren de las formas: pudo haber sido frente a frente, o quizá con un enviado directo de Carlos Joaquín, quien luego cerró el acuerdo con una breve conversación telefónica.
Hasta ahí la versión. El contexto político ayuda a hacerla real. Javier Zetina no tiene forma de sostenerse en el cargo sin algún acuerdo político. En el gobierno aseguran que su paso por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, donde fue director de Comunicaciones y Transporte, dejó algunas cuentas pendientes. Una denuncia en ese sentido lo inhabilitaría para continuar en su cargo.
La otra realidad es que no tiene demasiado para cuidar. La Cuenta Pública 2016 va a contener seguramente algunos de los peores momentos del gobierno de Roberto Borge. Pero el caso del ex gobernador va mucho más allá, y no parece tener demasiado sentido cuidar esa mínima parcela de su sexenio, cuando el vendaval viene de los cuatro costados.
Javier Zetina lo sabe, y también lo saben los jefes políticos del sector al que él representa. El aseguramiento de 25 inmuebles vendidos irregularmente por el ex gobernador, por parte de la Procuraduría General de la República, cambió de la noche a la mañana la percepción de las cosas.
Algo parece haber quedado claro. Legalmente, el paquete de impunidad de Borge ya no existe. La probable protección a Borge será política. O no será.
