Por Gonzalo Zapata
CANCÚN, MX.- La noche del 15 de enero de 2016 camiones de volteo, trabajadores contratados por una empresa particular y la misma policía municipal participaron en la devastación de la zona conocida como Malecón Tajamar, en el centro de la ciudad, esa noche arrasaron con terrenos cubiertos por flora y fauna características del mangle.
Ambientalistas denunciaron la complicidad entre el entonces presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres y autoridades del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para devastar “el último pulmón de la ciudad.
El convoy, compuesto por alrededor de 50 camiones y retroexcavadoras, ingresó cargado de piedras y tierra, denunciaron los mismos protectores del mangle, para rellenar “lo que está prohibido, que son los humedales”, y durante toda la madrugada se escucharon la tala y las retroexcavadoras trabajando.
El polígono quedó en penumbras “luego que dieron la orden de cortar la luz para que, al amparo de la obscuridad, entrara personal contratado por Fonatur”, narró Katherine Ender Córdova, una de las ambientalistas que esa noche acudió al sitio, “el lugar fue amurallado con vallas y media centena de granaderos nos impidieron ingresara a Tajamar. Éramos alrededor de 20, no pudimos hacer nada”, dijo.
En esta ocasión, los elementos de la División de la Gendarmería de la Policía Federal –que en días anteriores entraron e incluso solicitaron los permisos a los trabajadores, que obvio no mostraron– dijeron que “tenían órdenes de no actuar, de no intervenir, fueron omisos”.
Al día siguiente, en las inmediaciones del lugar, la activista adelantó acudirían a las instancias internacionales como la Convención después que “las autoridades federales, estatales y municipales defraudaron una vez más al pueblo”.
Desde entonces se mantiene una lucha legal con quienes participaron en la limpia de la zona.
“Lo que hicieron las autoridades es ilegal, es un ecocidio, no hay ley que sustente lo que hicieron, no hay nada que los avale, no hay permisos aunque digan lo contrario, porque si no, no hubieran actuado así. No los han exhibido ante la Semarnat, la Profepa ni en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, de la Procuraduría General de la República (PGR)”, recordó a más de un año del delito ambiental. (Noticaribe)
