ESPECIAL | LA HERENCIA INSOSTENIBLE DE BORGE: A un año del ‘Paquete de Impunidad’, los días ominosos con los que ‘Beto’ buscó blindar su ‘fuga’

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Por Julio César Solís

CANCÚN, MX.- Este miércoles 21 de junio se cumple un año del inicio de la serie de reformas y acciones emprendidas por la XIV Legislatura del Congreso del Estado en vías de crear un esquema de protección legal al entonces Gobernador Roberto Borge Angulo, una herencia insostenible: ‘El Paquete de Impunidad’.

Tras la derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección de Gobernador el 5 de junio de 2016, Roberto Borge Angulo emprendió una estrategia agresiva que pretendía protegerlo de cualquier acción judicial en su contra.

Un ‘manto protector’ para evitar enfrentar a la justicia por las irregularidades cometidas en su quinquenio, de acuerdo con lo señalado en las denuncias que han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Para tal fin, el Parlamento quintanarroense 2013-2016 (conformado por mayoría de legisladores priistas y verdes-ecologistas) comenzó rápidamente con las modificaciones a las leyes estatales y con nombramientos específicos, que incluyeron un nuevo Auditor, un Fiscal y nuevos  Magistrados del Poder Judicial del Estado.

Aseqroo, primer eslabón de la cadena del ‘Paquete de Impunidad’

A pocos días del triunfo en las urnas de Carlos Joaquín González, concretamente el 15 de junio de 2016, se dio el primer movimiento por demás sorpresivo: la renuncia de Emiliano Novelo Rivero como titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo).

Después de permanecer 12 años en el cargo, Emiliano Novelo dimitió al negarse a dar el aval a las cuentas públicas de los tres poderes del estado, los organismos autónomos y los municipios.

Sin embargo, esta salida sólo dio paso a la posibilidad del nombramiento de un personaje a modo y cercano al ex Jefe del Ejecutivo estatal.

Con la renuncia de Emiliano Novelo, la XIV Legislatura tenía en sus manos la designación de su sucesor y con ello las piezas completas para armar su propio rompecabezas, para lo que abrieron un periodo extraordinario de sesiones.

Ante repudio ciudadano Congreso del Estado cambió de sede y consumó ‘Paquete de Impunidad’

Tras convocar al Tercer Periodo Extraordinario de sesiones, la XIV Legislatura arrancó esos trabajos el martes 21 de junio de 2016 con la elección de la Mesa Directiva que encabezó Delia Alvarado Alvarado como presidenta y quien estuvo acompañada de Ariel Cab Roberto como vicepresidente y Oscar Rolando Sánchez Reyeros como secretario.

Ese día, se suscitó un enfrentamiento entre ciudadanos y policías Antimotines en las inmediaciones del recinto legislativo en la capital Chetumal, luego que un grupo de personas ingresó a la sede oficial para reclamar la intención de los parlamentarios de dar el ‘albazo’.

El repudio de la población quintanarroense a la inminente aprobación del ‘Paquete de Impunidad’ era evidente.

Más de 300 personas hicieron guardia permanente a las afueras del Congreso con la meta de impedir que los legisladores actuaran en lo oscurito y aprobaran reformas y designaciones a discreción.

Por tal motivo, el entonces presidente de la Gran Comisión, Pedro Flota Alcocer, ordenó bloquear el acceso al edificio del Parlamento con la colocación de vallas y acusó de los actos violentos al Gobernador electo Carlos Joaquín González.

“Vulneraron el Congreso estatal y pusieron en riesgo la integridad de los legisladores. Sus operadores políticos, encabezados por Martha Silva y el legislador electo panista, Eduardo Martínez, hicieron todos los desmanes. La polarización que se vive en el estado luego de las elecciones pasada es responsabilidad de Carlos Joaquín González”, arremetió el ex legislador priista.

No conforme con blindar el Congreso del Estado, la XIV Legislatura determinó cambiar la sede para el periodo extraordinario de sesiones, trasladándose al hotel Royalton Cancún, donde se consumó el intento de protección a Roberto Borge.

Creación de la Fiscalía e instauración del Tribunal de Justicia Administrativa, primeros puntos aprobados

En la sesión del miércoles 22 de junio de 2016, los diputados aprobaron reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior, mediante las cuales se creó la Dirección de Concertación Legislativa, además, autorizaron al municipio de Solidaridad la contratación de uno o más financiamientos que le permita convertir una deuda de corto plazo de 250 millones de pesos, a una de largo plazo.

El viernes 24 de junio, ya en el complejo hotelero de Cancún, la XIV Legislatura aprobó el dictamen para la creación de la Fiscalía General del Estado, cuyo titular durará en el encargo nueve años; asimismo, instauró el Tribunal de Justicia Administrativa, que quedó en manos de Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar, quienes fueron elegidos para estar siete años al frente del Pleno de Magistrados de dicho órgano.

El Tribunal de Justicia Administrativa fue establecido como un Órgano Jurisdiccional Autónomo para dictar sus fallos y con jurisdicción plena.

En esa fecha, con 20 votos a favor el Pleno designó a Felipe de Jesús Magaña Solís y Carlos Alejandro Lima Carvajal como Magistrados Numerarios y a Ysidro Quintal Quintal como Magistrado Supernumerario del Poder Judicial del Estado.

De igual forma, eligieron a Nora Leticia Cerón González, Mónica Yolanda Cortina Mora, Israel Canto y Daniel Robertos Medina, como miembros del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado.

Con la presión de las bancadas PRI-Partido Verde, se modificaron los Artículos 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 199 fracción V, 219 fracción II, 233 fracción VIII; el párrafo primero de los Artículos 298, 299 y 301, y la derogación del segundo párrafo del Artículo 52, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo.

El objetivo: que Roberto Borge contara con el derecho a continuar gozando de la protección de manera automática, así como para su cónyuge e hijos, una vez que haya concluido el encargo por un tiempo irrevocable de 15 años.

Después de la conversión de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Fiscalía General del Estado (FGE), el Congreso avaló con 19 votos a favor y 5 en contra la designación de Carlos Arturo Álvarez Escalera como Fiscal en Quintana Roo.

Nombramiento de Auditor a modo, forma de evitar revisión de cuentas públicas

En la sesión número 3 realizada el sábado 25 de junio de 2016, y tras la propuestas que incluían a Jaime Zetina González, Carlos Alberto Rodríguez Priego, José Muñoz Lara, Jalil Arlene Ix Benítez, Teresita del Rocío Quivén Feria, Manuel Palacios Herrera y Edwin Celis Madrid; con 19 votos  favor y 5 en contra, fue nombrado Javier Zetina González como titular de la Aseqroo, en tanto, Hugo Favio Bonilla Iglesias –quien fungía en esas fechas como director de Ingresos en Benito Juárez con Paul Carrillo- fue designado Auditor suplente.

‘Javicho’ era en ese tiempo director de Comunicaciones y Transportes de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), posición en la que empresarios lo señalaron de orquestar operativos a modo para beneficiar a grupos y empresas determinadas.

Además, en ese cargo firmó un sinfín de concesiones a favor de la compañía Transporte Terrestre Estatal (TTE), símbolo del felixismoñ-borgismo, la cual opera hasta el día de hoy de forma irregular en Cancún. 

Con estas acciones, Roberto Borge y su Congreso priista-verde, blindaron toda vía posible que diera paso a dotar de elementos para la aplicación de justicia.  

No obstante, con la XV Legislatura a la vuelta de la esquina, su herencia sería insostenible. (Noticaribe)

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  1. De nuevo muestran su nivel con notas tendenciosas y carentes de verdad, de su llamado "Paquete de Impunidad" sólo lograron, mediante presiones, que los titulares de diversos órganos indepndientes y con personalidad juridica, dimitieran de sus cargos.

    Vayamos por partes:

    En cuanto a la titularidad de la ASEQROO, el C.P. Emiliano Novelo presenta su renuncia al final de la XIV Legislatura del Congreso del Estado y ante la proximidad de la fecha para la entrega de las cuentas públicas para su revisión era necesario el nombramiento de quen encabezara los trabajos, siendo de esa manera que se nombra, basado en las atribuciones del H. Congreso, al C.P. Javier Zetina, quien sometido a presiones documentadas por el mismo, decide pedir licencia a dicho encargo.

    En cuanto al titular de la recién homologada, Fiscalía General del Estado, Lic. Arturo Álvarez Escalera, la XV Legislatura, ante la imposibilidad legal de destituirlo, recurren de nuevo a presiones y amenazas tan sólo para lograr imponer a un Fiscal a modo que a la fecha mantiene a dicho órgano sumido en recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, carpetas de investigación que continúan sin resolver y presuntos responsables libres por su indebido proceso. (Caso Blue Parrot, Ataques a la Fiscalía Zona Norte, Ejecuciones sin lineas de investigación).

    En cuanto a los nombramientos de magistrados de número del Tribunal Superior de Justicia, la XV Legislátura inició procedimientos que posteriormente fueron invalidados por la justicia federal, dejando a la actual Legislatura en calidad de ignorantes al desconocer sus propios procedimientos legales y ratificando la legalidad con la que fueron nombrados.

    Omiten mencionar la misma dosis que les recetó el máximo tribunal electoral de la Federación al intentar los legisladores de marras, entrometerse en asuntos que superan su esfera de influencia, intentando descalificar y destituir a los magistrados del Tribunal Electoral de Quntana Roo, calificándolos de nueva cuenta como ignorantes de dichos procedimientos, dejarlos sin efecto y emitir una amonstación pública ante tales hechos.

    Al final, nada han logrado por la vía legal, y es mediante presiones y amenazas que han impuesto a titulares afines en diversos órganos de gobierno y jurisdiccionales del Estado de Quintana Roo.

    Por último, intentan ahora con dinero publico, pagar por una nueva Ley de Proteccion a los Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, cane hacer mención que dicha Ley se integró con aportacines diversas de la sociedad y grupos a los cuales se pretende proteger, tan sólo para congraciarse con la fundación ¿que protege? a periodistas por la cantidad de 7 MDP, para fusilarse la Ley anterior y únicamente darles su aval.

    Así se las gastan nuestros Legisladores del "Cambio" con todo y su presidente neo rico y derrochador ampliamente documentado al que le preguntamos, ¿y la Gran Comisión para cuándo?

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