Números más, números menos, Roberto Borge destinaba unos mil millones de peso al año en publicidad oficial (sin contar con la ‘extraoficial’).
Mauricio Góngora, como alcalde Solidaridad y ‘suspirante’ a la gubernatura, llegó a aplicar 10 millones de pesos al mes en convenios publicitarios. Y todos hablaban bien de él.
Pero con el ‘borgismo’, el tradicional trato de ‘pago para que no me pegues’, fue mucho más allá.
Roberto Borge pagaba no solo para no lo tocaran, sino para difamar a sus enemigos. De esta manera, surgieron engendros como ‘Respuesta’ y se consolidaron otros, como ‘Enfoque’, o peor aún, se multiplicaron portales de internet, algunos incluso propiedad de los mismos ‘voceros’ o jefes de prensa de dependencias gubernamentales.
Personajes de escasa calidad intelectual y moral se convirtieron en inexplicables millonarios con dinero público por ser lacayos de la censura y la difamación.
El gobernador Carlos Joaquín, en su campaña, tomó la bandera de acabar con la práctica de ‘pago para que no me pegues’ e impulsar la transparencia.
Pero cumplió a medias. Hay transparencia y hoy se pueden conocer los medios qué tienen publicidad oficial y hasta cuánto reciben.
Pero se mantuvieron los montos discrecionales.
Los criterios fueron difusos y arbitrarios, pero a larga se entendió que muchos beneficiaros y montos fueron definidos de acuerdo a las aspiraciones electorales de ciertos ‘protagonistas’ del ‘cambio’ que, por su pasado, inmediatamente fueron víctimas de ciertos medios y ‘columnistas’.
De esta manera, ‘columnistas’, comentaristas de redes o blogueros, periódicos de mínima circulación, noticieros de radio y televisión sin rating, y portales con escasas visitas obtuvieron jugosos recursos públicos.
Algunos ayuntamientos y otros entes públicos, como el Congreso del estado también se sumaron a la transparencia, pero de igual modo, siguieron en la discrecionalidad, mientras que algunos alcaldes no solo se mantuvieron en la opacidad, sino que sostuvieron elevadas partidas a medios y ‘opinadores’.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el proyecto que ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018.
Esta resolución es el primer paso para reglamentar el gasto en comunicación social que hacen los gobiernos Y deriva de la revisión de un amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
De esta manera, los convenios publicitarios deberán, entre otras cosas, atender a criterios que van desde alcance, circulación o penetración, hasta calidad y rigor, e incluso utilidad social.
Los convenios publicitarios deberán favorecer a medios que sirvan a la sociedad, no a políticos, y muchos menos para que sean instrumentos de censura o propaganda.
En Quintana Roo ya se dio el primer paso con la transparencia y el siguiente paso obligado es regular la publicidad oficial.
