Dos son los aspectos irreductibles e indiscutibles en la entrega a Aguakan del sistema de agua potable del municipio de Solidaridad y la ratificación de los de Isla Mujeres y Benito Juárez, cuando aún esta demarcación política tenía el territorio del que hoy es Puerto Morelos.
Se trata de la privatización no solo de un servicio elemental, sino de un derecho humano como el agua potable, y de una serie de actos de evidente corrupción en la que incurrió el entonces gobernador Roberto Borge, en complicidad con los entonces ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad e Isla Mujeres.
A principios de 2017, la alcaldesa de Puerto Morelos, Laura Fernández (PVEM), anunció que buscaría revocar la concesión, pero de buenas a primeras aceptó continuar con la empresa a cambio de obras por 70 millones de pesos.
Este jueves, la alcaldesa de Solidaridad (Playa del Carmen), Cristina Torres (PAN-PRD), dio a conocer que Aguakán invertirá 800 millones de pesos y que la concesionaria tendrá un mes de gracia para satisfacer a los ciudadanos playenses.
Mientras que los alcaldes de Benito Juárez e Isla Mujeres, Remberto Estrada (PVEM) y Juan Carrillo (PRI) han optado por aquello de ‘calladitos se ven más bonitos’. Ni le mueven al asunto. En ese mismo sentido ‘navega’ el titular de CAPA, Gerardo Mora (PRD).
Pero el punto no es si Aguakan invierte mucho o poco o si logra convencer que han cambiado y serán mejores que antes. Se trata de una concesión que fue otorgada en medio de un marasmo de corrupción y que implica una amplia de red de complicidades.
No se trata de llegar y decir borrón y cuenta nueva o hacer como que no ha pasado nada.
